El Congreso Nacional aprueba leyes que terminan en letra muerta. Pierden vigencia o se aplican parcialmente, siempre en acomodo a los intereses establecidos, o porque no se ajustan a una nación que sigue buscando su destino.
Incluso, pueden surgir instrumentos del mismo Congreso, que obedecen a tendencias modernas, vinculadas a los tratados internacionales, a los procesos de globalización de la economía o a cosas tan elementales como los derechos de los consumidores. O el establecimiento de un régimen de competencia que proteja a los actores económicos, al Estado mismo o los intereses colectivos materializados en las personas.
Que iniciativas congresuales no se materialicen, podría ser asimismo un indicativo de los fracasos de la gobernanza en la República Dominicana, donde la Administración queda sometida a los intereses de sectores económicos poderosos, que pueden decidir el destino de algunas instituciones.
Es lo que ocurre con la Ley 42-08 de Defensa de la Competencia, aprobada hace ya 8 años, y todavía el órgano principal que habrá de materializar su aplicación, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, no termina de conformar su Dirección Ejecutiva, porque intereses establecidos han bloqueado una decisión que al final es facultativa del Poder Ejecutivo.
Ya eso fue objeto de debate, pero ha caído en un punto muerto. El artículo 34 de la Ley 42-08 establece muy claramente que es potestad del Consejo Directivo de Pro-Competencia presentar una terna al Poder Ejecutivo para que escoja y designe un director, que ha de ser el brazo ejecutor de las misiones previstas en la ley.
La Ley 42-08 es un instrumento para garantizar que haya competencia mediante una regulación justa en que todos los agentes participen en condiciones de equidad, y que ninguno pueda imponerse por posición dominante o coaligado maliciosamente con otro en términos que vayan en desmedro del consumidor o del Estado mismo, o de sus competidores.
Que se bloquee maliciosamente la aplicación plena de la ley es un crimen. Y peor todavía, que haya políticos, inclusive legisladores, escogidos para representar a la ciudadanía, que se presten a tan vergonzoso juego.
La República definitivamente no puede seguir sometida a la voluntad de unos amos que lo tienen todo y quieren más.
