El suspendido fiscal de Samaná, Robert Justo Francis Bobadilla, anunció el sometimiento a la Justicia, del procurador que lleva a cabo la investigación en su contra, por presuntamente instrumentar una acusación disciplinaria usando documentos y testigos falsos.El abogado defensor del magistrado suspendido, Félix Portes, destacó que ya apoderaron a la Procuraduría General de la República de una acusación formal penal en contra del inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, y que depositarán ante la Cámara Penal una solicitud para que se designe un juez especial de instrucción que atienda esta acusación.
“Uno de los testigos hizo una declaración jurada falsa, donde dice que supuestamente fue acosada por mi defendido y que fue donde él porque en el 2014 su esposo estaba detenido”, dijo.
Sin embargo, Portes destacó que han investigado en torno a esa declaración y obtuvieron las certificaciones de la Dirección General de Prisiones, de la Procuraduría General de la República, de la Policía Nacional y de los Juzgados de Instrucción de Samaná y todas dan fe de que en efecto ese señor estuvo preso, pero en el año 2012, por lo que esta acusación carece de veracidad.
Pruebas carecen de veracidad
El jurista especificó que la declaración de una supuesta víctima, de fecha 23 de febrero, está llena de mentiras y cotejó el documento, que está siendo utilizado como prueba, con las certificaciones de la Dirección General de Prisiones y señaló que las fechas que se indican en la declaración jurada no coinciden con la fecha real de cuando estuvo detenido su expareja en la cárcel de Samaná.
“Tenemos todas las evidencias para poder demostrar que en contra de nuestro representado se ha instrumentado una acusación en base a documentos falsos y que la Inspectoría General no ha cumplido con su deber de investigar”, señaló Portes.
Al menos siete mujeres lo denuncian por acoso
Al menos siete mujeres acusaron el pasado mes de febrero al procurador titular de Samaná (suspendido), Robert Francis Justo Bobadilla, por acoso sexual. Frente a este hecho, el magistrado solicitó una licencia de dos meses para que se investigaran estas denuncias, las cuales cursan en la oficina del inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez.
