El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, reiteró este martes a los fiscales de las diferentes jurisdicciones que deben solicitar prisión preventiva como medida de coerción contra las personas que sean sorprendidas portando armas de fuego de manera ilegal.
Domínguez Brito definió como preocupante la cantidad de armas de fuego que fueron incautadas durante el pasado proceso electoral, donde más de 38 de diferentes tipos y calibres les fueron ocupadas a ciudadanos que acudieron a diferentes colegios electorales, entre ellos, los ubicados en Barahona, Valverde, Higüey y Moca, entre otras jurisdicciones.
“Reiteramos a los fiscales la instrucción de solicitar prisión como medida de coerción, contra todo ciudadano que sea sorprendido portando armas de fuego sin la debida autorización ni regulación, y en ese mismo sentido hacemos un llamado a los honorables jueces para que actuemos con mayor drasticidad en estos casos, considerando que muchas de ellas son utilizadas en la comisión de crímenes y atracos luego que las mismas han sido obtenidas fruto de robos o del tráfico de armas», expresó en un comunicado.
Instruyó a todo el Ministerio Público ser fuertes en la persecución de esos delitos, que son sancionados por la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, al tiempo que enfatizó en que un gran número de ellos son cometidos con armas ilegales.
