El presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, anunció que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Policía Nacional, la próxima semana.El dirigente gremial consideró que esta ley atenta contra los derechos laborales de los agentes policiales y destacó que en ella se criminaliza el ejercicio de la profesión del Derecho para los miembros de la Policía Nacional, que actualmente suman unos ocho mil en todo el país y quienes no podrán litigar.
“Esta ley ha tornado casi imposible el sistema de ascensos, el cual continuará a merced del tráfico de influencias, con muy poca o ninguna incidencia del mérito”, expresó.
El jurista resaltó que el artículo 153, numeral 7 de la ley, constituye una vulneración al derecho al trabajo y a la libertad individual de los agentes policiales y un retroceso para las condiciones en las cuales los policías ejercían sus funciones. “Prácticamente se les ha cercenado la iniciativa de superación académica a los agentes policiales”, agregó.
Surún Hernández cuestionó, además, el incremento del tiempo para la jubilación y el nuevo sistema de infracciones disciplinarias, que dependerán de la discrecionalidad de los directivos de la institución policial.
Criminaliza la profesión
Agregó que como institución garante de los derechos de los abogados y a la luz de las violaciones que se están cometiendo en perjuicio de las decenas de miles de padres de familia que en este momento están cuidando las casas y la vida de los dominicanos, el CARD procederá a apoderar al tribunal constitucional, a los fines de que ponga fin a esta situación.
El titular del CARD calificó, además, como increíble el hecho de que en el país exista una ley que, a su juicio, criminaliza el ejercicio de la profesión para determinadas personas, que están rindiendo un servicio para la sociedad.
“No es justo que se incremente de 20 a 25 años y 30 años, el período para la jubilación y que éste dependa del comportamiento del agente policial”, cuestionó.
Finalmente, agregó que este instrumento jurídico no sólo contraría la Constitución, sino que contraviene pactos internacionales suscritos por la República Dominicana.
