SAO PAULO (AP) — Los abogados del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva interpusieron el jueves una petición ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en la que denunciaron lo que dicen es falta de imparcialidad y abuso de poder por parte del juez que investiga el enorme escándalo de corrupción en la paraestatal Petrobras.
Además de los abogados de Lula, que informaron haber presentado la petición en Ginebra, ésta también fue firmada por el abogado británico Geoffrey Robertson, especialista en derechos humanos.
Desde su oficina en Londres, Robertson les dijo a los periodistas en Sao Paulo durante una conferencia telefónica que la petición detalla presuntas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte del juez Sergio Moro, que encabeza la investigación a Petrobras. Moro declinó hacer comentarios al respecto cuando se lo solicitó The Associated Press.
Maristella Basso, profesora de derecho internacional en la Universidad de Sao Paulo, dijo que es improbable que la iniciativa dé frutos.
«Brasil carece de prestigio en ese comité de la ONU. Ni siquiera cumple con las resoluciones de dicho comité», afirmó. «Esto no tiene ni sentido simbólico ni práctico».
La defensa de Lula no estuvo de acuerdo, e hizo notar que cualquier ciudadano brasileño puede apelar ante el comité.
El expresidente argumenta que Moro violó sus derechos en dos ocasiones.
El 5 de marzo, hace notar la queja, el juez autorizó a la policía federal a que lo obligara a que diera una declaración a pesar de que ya estaba cooperando con la pesquisa. Incluso algunos miembros de la oposición han dicho que se trató de una medida excesiva.
Moro dijo en ese entonces que le permitió a la policía que trajera a Lula a la fuerza por razones de seguridad, ya que había temores de que las manifestaciones pudieran complicar los esfuerzos para interrogarlo. De todas formas hubo protestas.
El segundo evento ocurrió una semana después. Horas después de que Dilma Rousseff, a la que Lula eligió como su sucesora, lo nombrara su jefe de gabinete, Moro dio a conocer conversaciones grabadas del exmandatario con familiares suyos, su abogado y otros políticos, incluida Rousseff. El máximo tribunal de Brasil ha invalidado como evidencia la parte que contiene conversaciones con la presidenta suspendida.
La difusión de las grabaciones derivó en que las cortes suspendieran la nominación de Lula al puesto de jefe de gabinete, y aceleró el consenso que llevó a que la cámara baja del país votara para hacerle un juicio político a Rousseff. Ahora aguarda un juicio en el Senado por presuntamente violar las leyes fiscales.
Lula da Silva, un presidente que fue enormemente popular cuando gobernó de 2003 a 2010, ha dicho que las acciones de Moro forman parte de una campaña para mancillar su imagen, la de su partido y la de Rousseff.
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