El coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), denunció este miércoles que el Gobierno está presionando para que los diferentes sectores que participan del Pacto Eléctrico aceleren y terminen las discusiones y acuerdos antes del 16 de agosto.
En referida fecha se da inicio del segundo mandato del presidente Danilo Medina y de su próximo discurso a la nación.
Fernando Peña hizo la denuncia al participar como invitado del programa radial La República (La Nota 95.7 FM), donde presentó como prueba un acta de la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social (CES) en la que el ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, expresa los intereses propagandísticos del mandatario.
“Verificando el quórum, monseñor Agripino Núñez Collado dio inicio a la reunión otorgando la palabra al ministro Antonio Isa Conde quien expresó el deseo que tiene el Gobierno de convocar a las preplenarias y plenarias a más tardar el lunes 1 de agosto de 2016, es decir la semana que viene para poder lograr la firma del Pacto Eléctrico antes del 16 de agosto del 2016”, se lee en el “Acta de la reunión conjunta de los integrantes del Comité Gubernamental para el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico y los integrantes de la Comisión Ejecutiva del CES” presentada por Peña como una de las pruebas de las presiones gubernamentales. El documento tiene fecha del 26 de julio y la firma de la secretaria del Consejo, Iraima Capriles, además del sello institucional.
Fernando Peña entiende que el presidente Medina pretende hacer una jugada de carácter «demagógico» y “pseudo populista”, para el día de su juramentación decir “sencillamente está resuelto el problema eléctrico” y “encubrir la gravedad del problema».
Esta prisa por “freír” el Pacto Eléctrico se reflejó el pasado lunes cuando los representantes del sector empresarial se negaron a participar de las discusiones con los esquemas a vapor planteados por el Gobierno, aseguró el maestro y dirigente social al ser entrevistado por Jhonatan Liriano, Carlos Pimentel y José Luis Morillo Frías en el programa radial.
Ya el pasado 26 de julio, según consta en el referido documento, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Rafael Blanco Canto, resumió la agenda pendiente de consenso en tres puntos: la propiedad y el impacto de las plantas a carbón de Punta Catalina, la aplicación de la tarifa eléctrica, y la despolitización de las empresas distribuidoras de electricidad.
El sector social entiende que una de las principales trabas de las discusiones la constituye la falta de transparencia del Gobierno, a quien acusan de negarse a ofrecer datos reales de la situación actual del sector.
En cuanto a Punta Catalina y las plantas a carbón la fórmula gubernamental implicaría vender el 49% de las acciones a los empresarios locales (por unos US$1,000 millones), a pesar de que desde el inicio las autoridades habían asegurado que la propiedad de estas plantas envueltas en escándalos de corrupción internacional no estaba en discusión.
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