Uno de los temas más controvertidos en la mayoría de los países de América Latina es el que tiene que ver con el régimen de seguridad social, particularmente el sistema de pensiones, y en este el de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Debido a la importancia financiera y social de los fondos de pensiones, este renglón está sometido al permanente escrutinio público, e inclusive al ataque, de diversos sectores. Una de las amenazas principales contra el sistema de pensiones no lo genera el nivel de utilidades que perciben las AFP, pues en definitiva esas empresas están salvaguardando el patrimonio de los trabajadores mediante la colocación de los fondos en instrumentos financieros que generan rendimiento.
Hay otras amenazas más fuertes. Por ejemplo la práctica de muchos empleadores que se han dado a la tarea de utilizar empresas virtuales que no cotizan a las AFP o cotizan sumas insignificantes a partir de hacer figurar salarios irreales.
Esta práctica ha sido denunciada por Nélsida Marmolejos, principal ejecutiva de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), lo cual va en detrimento del propio sistema de acumulación para el reparto. La denuncia de Marmolejos es grave. Pero también lo es otra formulada por el dirigente comercial Julián Antonio Parra, quien ha señalado que promotores dependientes de AFP no bien establecidas andan por determinadas intersecciones de la capital como las avenidas Máximo Gómez y México o Abraham Lincoln en el ensanche Piantini, sonsacando los afiliados de otras. Estas denuncias deben ser investigadas por la Superintendencia de Pensiones y aplicar las sanciones que se contemplen en la ley, no dejando pasar por alto como suele ocurrir con frecuencia. Son conductas que tienden a afectar la estabilidad y sostenibilidad de los fondos de pensiones, poniendo en peligro el futuro retiro de los trabajadores que no podrían recibir una pensión digna cuando les llegue la hora de la jubilación.
Se supone que en un sector tan delicado como el que maneja el futuro retiro de los trabajadores no debería existir competencia desleal y mucho menos las autoridades hacerse las desentendidas cuando ya tienen identificados los conflictos que pudieran afectar la buena marcha y la garantía de que todos los que cotizamos a la Seguridad Social estaremos protegidos.
