La semana pasada esta columna se ocupó de un tema que afloraba como una preocupación tímida de algunos sectores, pero que, al parecer, no les importaba a las autoridades más cercanas al problema y su solución.Sin embargo, nos sorprendió la agilidad con que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) abordó el problema al disponer la confiscación de la leche en polvo importada y comercializada en el territorio nacional sin los controles adecuados.
Cuando las autoridades reaccionaron ya el mercado estaba repleto de esa leche que se vende en colmados y pulperías a 80 pesos la libra, de la cual se obtienen unos cuatro litros, un precio bastante asequible para las masas populares a las cuales va dirigido ese producto.
Hasta ahí todo marcha a pedir de boca. Empero donde la cuestión dispara las alertas es en la forma como ese alimento es empacado. En efecto, imágenes fílmicas captadas en uno de los lugares de empaque muestran el momento en que un hombre vestido inadecuadamente está rodeado de envases de leche a granel esparcida en una batea de la cual extrae porciones que vierte en bolsas de plástico. La operación continúa con el llenado y pesaje de esas bolsas que son selladas con residuos de velas recién apagadas, todo lo cual se realiza en un espacio ratonil donde no puede haber ninguna higiene. En esas condiciones se despacha un producto de consumo masivo dirigido esencialmente a la alimentación de la población infantil cuya salud se vería expuesta a graves contratiempos.
Esta manipulación de alimentos en condiciones inadecuadas es algo que nunca debería permitirse en un país que cuenta con entidades que, en teoría, se suponen dotadas de un mínimo de disposición de cumplir sus obligaciones para impedir semejante barbaridad que se comete en nombre del libre comercio, a pesar de ser un peligro latente.
Las condiciones en que se maneja el empacado de esa leche no creo que se permita en ninguno de los países más atrasados de África. En nuestro país, sin embargo, solo reciben la atención oficial cuando la opinión pública se escandaliza y obliga a un mínimo de reacción. En ese caso por lo menos Pro Consumidor y Salud Pública han actuado al disponer el decomiso de ese producto sin garantías de calidad.
