El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, manifestó no estar de acuerdo con los recursos contemplados para el Poder Judicial en el Proyecto de Presupuesto Nacional del año 2017.Germán Mejía explicó que sometieron una asignación de 14 mil 329 millones para el año 2017, con el propósito de conjurar las dificultades que acarrea la justicia, como producto de la falta de recursos que impiden el cumplimiento de una serie de metas con miras a su fortalecimiento.
Entre esos propósitos citó la apertura de 98 tribunales creados por ley que no están en funcionamiento por falta de recursos, la gestión de locales propios para 133 juzgados de paz que operan en estructuras alquiladas, algunos en casas de madera y con letrina y hasta en furgones, como el Distrito Judicial de Santo Domingo.
A esta situación, agregó que los jueces y servidores judiciales, requieren una mejoría en sus condiciones de trabajo y en su espacio de desenvolvimiento cotidiano.
Señaló que le llama poderosamente la atención el anuncio de que para la justicia sólo se contempla en su partida presupuestaria del 2017, RD$800 millones adicionales al presupuesto vigente del 2016.
“Es decir, que a los cinco mil 606 millones que están en proceso de ejecución este año 2016, sólo se le agregaría la ínfima cantidad de 800 millones de peso”, detalló.
Manifestó que la ley 194-04, del 28 de julio del 2004, contempla una partida del 2.66% de los ingresos internos, incluyendo los adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto General del Estado para el Poder Judicial.
Indicó que con la divulgación de la partida aprobada para el 2017, llegarían a 12 los años en los cuales no se observan las disposiciones establecidas en la ley 194-04, que otorga autonomía funcional, administrativa y presupuestaria al Poder Judicial.
Dijo que aspiran a no perder la fe en la sensatez, cordura y buen juicio de los demás poderes públicos al momento de la aprobación del presupuesto.
“Aguardamos que la propuesta presupuestaria del Poder Judicial sea hecha con plena sujeción a la proporción acordada por la ley 194-04”, indicó.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial dijo que mantendrán siempre la firme determinación en la lucha para poner término a la “inobservancia que se registra cada año, a la hora de reclamar lo que le corresponde al sector judicial en materia presupuestaria”.
Dice es insuficiente
Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República, calificó como insuficiente el aumento de 800 millones de pesos para el sector justicia, consignados en el presupuesto del 2017.
Indicó que dicha suma no es suficiente para cubrir las necesidades acumuladas por más de diez años de privaciones del sector.
“Con esos fondos no se podrán instalar los 94 tribunales que están aprobados por ley que no han podido ser puestos en funcionamiento por falta de recursos”, expresó Surún.
Dijo que tampoco podrán ser mejoradas las instalaciones actuales, ni las condiciones laborales en que desempeñan sus funciones los jueces, fiscales, funcionarios judiciales y abogados.
Manifestó que también limitará la mejora del servicio que está recibiendo la ciudadanía en este momento.
Surún Hernández hizo un llamado a los actores políticos para que reconsideren dichas partidas, asignando el monto establecido en la Ley de Autonomía Presupuestaria que es igual al 4.1 por ciento del presupuesto, para que de esa manera se aumenten los niveles de institucionalidad en la República Dominicana.
Ahorcamiento para la justicia
El abogado Namphi Rodríguez consideró inaceptable que siendo Danilo Medina presidente del Consejo Nacional de la Magistratura se viole la ley de autonomía presupuestaria del Poder Judicial y se opte por consignar una “reconsideración pírrica” a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de RD$800 millones en el proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos para el 2017.
Rodríguez, presidente de la Fundación y Derecho, dijo que es asombroso el desinterés y la indolencia del mandatario por retomar la agenda de la reforma y fortalecimiento del Poder Judicial como columna vertebral del sistema de seguridad pública.
“Es un ahorcamiento financiero e institucional contra el Poder Judicial, que debe cesar, y el presidente de la República es la persona más idónea para poner coto a esa situación porque él es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y como tal conoce la realidad”, subrayó.
Recordó que la Ley 194-04, sobre Autonomía Presupuestaria y Administrativa, del año 2005, estableció en su artículo tres que el presupuesto del Poder Judicial será por lo menos del 4.10 por ciento de los ingresos del Estado, y que ese porcentaje se debe distribuir en un 2.66 por ciento para la Suprema Corte de Justicia y un 1.4 por ciento del presupuesto de la nación para la Procuraduría General de la República.
El jurista consideró que al desconocer el mandato de ley y la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, el presidente Medina viola el principio de separación de poderes consignado en el artículo 4 de la Constitución.
“Estamos en un terreno cenagoso de inconstitucionalidad y desconocimiento del principio de separación de poderes, puesto que la autonomía presupuestaria es uno de los aspectos más sensibles de la institucionalidad de un órgano o un poder del Estado y hay que observar los porcentajes que dispone la ley en provecho de ese órgano”, señaló.
“El 2.66 por ciento que establece la ley debe representar entre 14 y 15 mil millones, es decir, es una violación penosa”, añadió.
A su juicio, esa es una manera del mandatario y la clase política mantener subyugado el Poder Judicial para que responda a la voluntad de los gobernantes de turno.
Deploró que mientras a la justicia se le dispensa ese tipo de tratos, el Presidente asigna cuantiosas sumas a programas como Despacho de la Primera Dama, visitas sorpresas y al Plan Social, que ni siquiera figuran en el organigrama legal y burocrático del Estado dominicano.
“No puede ser que el Plan Social o el Despacho de la Primera Dama reciban lo que debe ir al Poder Judicial, es una manera de desconocer el rol de los poderes del Estado y un manejo antojadizo y caprichoso del Poder Ejecutivo”, lamentó Namphi Rodríguez.
Tommy Galán califica la pieza como equilibrada
El presidente de la comisión de presupuesto del Senado de la República, Tommy Galán, dijo creer que el Proyecto de Presupuesto Nacional del año 2017 será aprobado sin mayores dilaciones.
Mientras el dirigente político y exdiputado de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, dijo que lo más preocupante del presupuesto es el tema del endeudamiento externo, donde el presupuesto prevé dos mil 700 millones de dólares en bonos.
Asimismo, Jesús Vásquez Martínez, secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), expresó que el hecho de que el presupuesto no contemple un aumento general de salario, en medio de las necesidades que atraviesan los trabajadores dominicanos, y los sectores de menos ingresos del país, es preocupante.
De su lado, Guillermo Moreno, presidente de Al País, dijo que la pieza mantiene precariedad en la inversión en salud, salarios y otros servicios.
M. Germán
Mantendremos la lucha para poner fin a la “inobservancia que se registra cada año, a la hora de reclamar más recurso.
14,329
Demanda el Poder Judicial para el año 2017 con el objetivo de mejorar el sector.
