A juicio del abogado Namphi Rodríguez, en República Dominicana existe un “estado omisión constitucional” por el desinterés que muestran el Poder Ejecutivo y el Congreso en promover las reformas legales que permitan consolidar el Estado social y compatibilizar el ordenamiento jurídico con la Constitución.
Al participar en un panel en el Tercer Congreso del Tribunal Constitucional sobre “Derecho y Justicia Constitucional”, Rodríguez sostuvo que el caso más latente es el proyecto de Código Penal, que ha rebasado los 15 años de discusión en las cámaras legislativas, mientras la sociedad reclama mayor seguridad ciudadana.
“Parecería una cuestión intencional de parte de los poderes públicos que buscan eludir temas controversiales como el aborto, pero es un error porque mientras se asume una actitud pasiva frente a la violencia, la delincuencia se entroniza en la sociedad por la falta una política criminal y por un estado de omisión constitucional”, dijo.
El jurista criticó que a ese fenómeno se agrega el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional de parte de instituciones estatales, “lo cual constituye un precedente nefasto que augura tiempos institucionalmente brumosos”.
“Es preocupante ver el derrotero que se está tomando con el cumplimiento de la Constitución y la ley en República Dominicana, se desoyen las sentencias del Tribunal Constitucional y eso es un serio cuestionamiento a la institucionalidad”, subrayó en el panel de debates con la magistrada Gloria Parras, jueza del Tribunal Constitucional de Guatemala, y Jottin Cury, del Constitucional dominicano.
Recordó que el artículo 184 de la Constitución establece que las sentencias del Tribunal Constitucional constituyen precedentes vinculantes y obligatorios para todos los poderes públicos.
Advirtió que en el país existe una omisión de alrededor de cien leyes pendientes de reformas y otras por crear para compatibilizar los mandatos de la Constitución en la protección de los derechos de los ciudadanos.
Entre esas leyes citó además de la legislación penal, los códigos Civil, de Comercio, Procesal Civil, así como la ley que debe crear la jurisdicción de lo contencioso-administrativo para integrar los jueces de primer grado y de cortes de apelación como manda la Constitución.
Igualmente, refirió la reforma de la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento y una legislación que proteja los derechos a la intimidad y la privacidad de las personas.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) recordó que también hay que votar una ley sobre los procedimientos de referendos aprobatorios y consultivos que consagra la Constitución.
“En ese sentido, si el Tribunal Constitucional acoge el recurso incoado por la Fuerza Nacional Progresista sobre la necesidad del referendo aprobatorio para la reforma constitucional que cambie el tipo de presidencialismo, podría instar al Congreso mediante sentencia exhortativa a aprobar la ley para ese tipo de consultas”, indicó.
