Convulso. Es quizás la palabra que mejor pudiera definir el 2016 en materia de salud. No bien se estrenó el año, la aparición del zika virus, una enfermedad hasta entonces desconocida en el país, activó las alarmas de las autoridades sanitarias, que vieron en el diminuto mosquito Aedes Aegypti a un peligroso enemigo que obligó a movilizar a miles de empleados públicos en todo el territorio nacional en una campaña de eliminación de criaderos del insecto responsable de transmitir también el dengue.
Y aunque no se trata de una enfermedad letal, los males asociados a su incidencia, como la microcefalia y el síndrome Guillián Barré, desataron el temor de la población, provocando que la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, llamara a posponer los embarazos durante la etapa epidémica, cuya curva comenzó a descender hace apenas tres meses.
Pese a la acción gubernamental, no fue imposible evitar el nacimiento de 22 niños con la anomalía cerebral, y que otras 285 personas presentaran el síndrome de Guillian Barré, de las cuales, 17 murieron, según registra el boletín correspondiente a la semana epidemiológica número 46, emitido por la Dirección General de Epidemiologia (Digepi).
Tampoco el dengue, una enfermedad endémica de la isla, dio tregua. El mismo boletín, registra que a noviembre, 32 personas habían fallecido y otras 6, 410 personas fueron afectadas.
De la huelga al diálogo
En medio de la alarma causada por el brote epidémico, el Colegio Médico Dominicano (CMD), con Waldo Ariel Suero a la cabeza, quien resultó electo por cuarta vez como presidente del gremio, en diciembre de 2015, enfilaba sus cañones hacia el Gobierno.
Para finales de enero, el líder gremial convocó a una jornada de paralización de hospitales en la región Norte del país, en demanda de un aumento salarial, incremento de las pensiones, la asignación del 5% del Producto Interno Bruto para el sector salud y mejoría de las condiciones de los hospitales, a las que siguieron decenas de manifestaciones que se extendieron por más de siete meses en el país.
En ese contexto, quedó conformado el colectivo de gremios por la salud, bajo el nombre de Pacto Nacional por la Salud (Panasalud), que aglutinó, además de los médicos, al personal de enfermería, bioanalistas, farmacéuticos, odontólogos, entre otros profesionales del sector, que se abocaron a un diálogo con el Gobierno a principios de abril con la mediación del rector de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), padre Jesús Castro.
Panasalud quedó desarticulada luego que el Gobierno conquistara a catorce gremios que depusieron las protestas para acogerse a un acuerdo que contemplaba un aumento salarial entre un 27 a un 39%, pensiones y otros beneficios.
El CMD, prácticamente solo, con apenas la Asociación Nacional de Enfermería y la Agrupación Médica del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) de su lado, continuó con un abrupto proceso de diálogo, negado a aceptar la extensión del horario laboral y un aumento salarial de 25%.
Tras decenas de reuniones técnicas, matizadas por desencuentros, advertencias y descalificaciones públicas, el Gobierno logró que los médicos aceptaran el 25% de aumento al salario base, más una serie de incentivos, pensiones completas y el compromiso de impulsar la Red Única en un histórico acuerdo rubricado el pasado 8 de noviembre, que implica una partida de RD$7 mil millones en el Presupuesto del año 2017.
Transición de IDSS a Red Pública
En ese mismo mes, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 200-16, que marca la ruta de integración del IDSS y sus más de 26 centros de salud, a la Red Única de Servicios Públicos de Salud.
El tema ha generado opiniones a favor y en contra. Mientras el director del IDSS, César Mella, nombrado en junio de este año, asegura que esa institución cumplió su ciclo histórico y que en el proceso no se vulnerarán los derechos de los trabajadores, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) ha manifestado su rechazo a la decisión que se encuentra contenida en el proyecto de modificación de la Ley 87-01, de Seguridad Social, elaborado por el Poder Ejecutivo.
La pieza, que discuten los funcionarios del sector salud y el empresariado ha sido criticada por expertos del área de la Seguridad Social, que como Arismendi Díaz Santana y Fulgencio Severino, coinciden en que no propone medidas para elevar el monto de las pensiones futuras y eleva la ganancia de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
En el 2016 tampoco se han podido entregar 18 hospitales priorizados, de los 50 intervenidos por el Gobierno, lo que ha provocado que la Maternidad La Altagracia y el hospital Cabral y Báez de Santiago, por citar dos ejemplos, sigan operando en condiciones infrahumanas.
