Todos sabemos que las prioridades de la República son muchas y que los recursos para encararlas muy reducidos. Una de ellas, tal vez de las más importantes, es la del combate a la corrupción, por los efectos dañinos que tiene en el desenvolvimiento de la economía y porque, además, limita la capacidad del Estado para llenar su función social y regulatoria y porque genera un sentimiento generalizado de frustración, que en un estadio extremo es capaz de paralizar las energías nacionales. Siendo candidato, el después presidente de la República, Leonel Fernández, dijo que el Estado dominicano era “una estructura jurídica al servicio de la corrupción” y, por supuesto, lo siguió siendo durante sus tres administraciones, al más alto y pecaminoso nivel.

El caso me lleva a una pregunta: ¿es tan grande el fenómeno que no podríamos abatirlo? No es fácil la respuesta, pero creo que caeríamos en un trágico e inmovilizador fatalismo si partiéramos de la creencia de que no exista solución. He dicho y sostenido que las instituciones democráticas funcionan allí donde hay personas con suficiente coraje y voluntad para motorizarlas. Lo mismo ocurre con la justicia, una ficción en el país. Si contáramos con jueces y fiscales dispuestos a cumplir con su deber y asumir las consecuencias de sus acciones en defensa del derecho, los tribunales serían confiables y en relativamente poco tiempo la justicia comenzaría a funcionar como es debido y el país sería otra cosa.

No importa cuán grande sea la corrupción y dañados se encuentren los poderes del Estado y las instituciones que lo forman. Leyes tenemos en demasía y el país camina y funciona a pesar de nuestro ancestral pesimismo. Muchos pudieran decir, y razones no les faltarían, que cojea y apenas funciona, pero si la nación se retrasa o detiene en su marcha no es responsabilidad única de quienes están al frente de ella, sino de la indolencia colectiva.

El presidente Danilo Medina dijo enfáticamente que no gobierna “para enriquecer a una persona”. En el contexto político en que se produjo, esta declaración marca una clara diferencia en el ambiente de corrupción que él heredó y que el Procurador General dejó en claro en su discurso de rechazo a la sentencia de descargo del senador Félix Bautista, señalando que el sistema de justicia le había faltado a la nación. Lo que ambos hechos ponen de manifiesto es que a pesar de la misma procedencia partidaria hay en el ámbito oficialista diferencias muy pronunciadas en la forma de hacer política y de encarar el abuso de poder y el enriquecimiento ilícito.

La distancia que el gobierno del presidente Medina ha establecido en el campo moral y ético con su antecesor es evidente y no puede ni debe verse en el clima de confrontación todavía soterrado en que se disputa la candidatura presidencial del partido gobernante. Despojado de todo prejuicio, el expediente presentado contra la red societaria con la que el senador Bautista diseñó las operaciones por las que ha sido acusado, constituye el más serio esfuerzo en la lucha contra la corrupción proveniente de las mismas entrañas de un gobierno en las últimas décadas. El argumento de la debilidad de las pruebas como una justificación de la sentencia absolutoria, es un intento baladí para justificarla. Se ha pretendido presentar la acusación como un acto de persecución política, lo cual pone de resalto la intención del Ministerio Público de llevar la lucha anticorrupción a todos los niveles, sin importar de quien se trate. Si esta sociedad realmente aspira a un estadio de decencia en la actividad política, tomaría el camino equivocado si le negara su respaldo a quienes asumen la responsabilidad de enfrentar desde el ámbito oficial a un aparato judicial concebido y estructurado para proteger a los que se valen del poder para adueñarse de los bienes públicos.