La violencia que todos repudiamos se disparó la semana pasada. En esa espiral ascendente confluyó toda forma de crímenes. Agresiones contra la mujer, asesinatos de todo tipo, asaltos y raterías que no llegan a los medios ni a la Policía. Se quedan en el inventario vecinal, en las crónicas de quienes a su vez temen convertirse en una víctima más.
Ya los diferentes sectores de Santiago se habían levantado alarmados con el cuadro dramático de la semana de finales de agosto y principio de este mes. Y lo que fue una convocatoria ciudadana se convirtió en un encuentro de civiles y gobierno ante una situación que no debe continuar.
Y es que el gobierno, como garante de la seguridad ciudadana, no debe estar al margen de un problema que ya es parte de la cotidianidad, con tendencias a agravarse. Hablamos de un país inseguro. Tanto que la violencia no discrimina. En efecto, un oficial de las Fuerzas Armadas fue asesinado por delincuentes en su humilde barrio, en Invivienda, Santo Domingo Este. Y no es cualquier oficial, era parte de la seguridad de la madre del Presidente de la República.
Con sobrada razón, Leonel Fernández habló en el encuentro de Santiago como ciudadano común, y se quejó amargamente de los crímenes sin sanción, de la facilidad con que los criminales se escapan de los expedientes y de las cárceles. De los miles de detenidos y sometidos por la Dirección Nacional de Control de Drogas y los fiscales, y la muy baja cuota que resulta procesada.
Aunque aclaró que no está para criticar a ningún poder del Estado, proclamó: “Exigimos una explicación y una aclaración de qué es lo que está pasando con esos hechos, si hay un Ministerio Público que trabaja sustanciando los expedientes y luego se dice que éstos son desestimados por falta de evidencias. Necesitamos una explicación urgente, porque esto no debe ocurrir”.
La justicia dominicana tiene que revisar por qué todos los criminales no reciben el condigno castigo, al margen de cualquier reforma de las leyes.
