La República Dominicana posee un conjunto de leyes que bien califican para ser incluidas en el renglón de “cojas y obsoletas”. Se trata de normativas que carecen de reglamentos y por tanto, no pueden ser aplicadas adecuadamente; otras quedaron retrasadas en el tiempo o simplemente tienen puntos pendientes.Un elemento común entre algunas de esas leyes es que han motivado a importantes discusiones, especialmente por sectores que confluyen en el ámbito económico y que ven afectadas sus actividades por la situación descrita. Uno de los argumentos enarbolados en distintos momentos y escenarios es que en el país “tenemos legislaciones que en definitiva no caminan”.
En el círculo de las inertes, han sido incluidas la Ley 488-08, que crea el marco regulatorio para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), la Ley 189-11, para el Fomento del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, la Ley 64-00, de Medio Ambiente (en una parte de ella), y la Ley de Seguridad Social, 87-01, que aunque ha experimentado avances, tiene aún algunos puntos por completar. Mientras, en el círculo de lo obsoleto, dos leyes encabezan la lista: Ley 4314, sobre alquileres, y el Código Laboral Dominicano. Existe también un capítulo que bien pudiera denominarse “de espera”, en el cual entra la anhelada Ley de Agua, cuyo proyecto descansa en el Congreso hace unos ocho años.
En detalle, la Ley de respaldo a las mipymes la promulgó el presidente Leonel Fernández en diciembre de 2008, y desde entonces se han dado a conocer diferentes informes sobre su estado de situación. La Ley para el Fomento del Mercado Hipotecario fue promulgada el 16 de julio de 2011, la Ley de Alquileres entró en vigencia el 22 de octubre de 1955; el Código Laboral data de 1992, la Ley 64-00 fue promulgada el 18 de agosto del año 2000 y la Ley 87-01 fue promulgada el 9 de mayo de 2001.
Sobre la ley para fomentar las pymes, el presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y la Mediana Empresa (Codopyme), Francisco Capellán, dice que faltan una serie de reglamentos y que ésta no se cumple en la forma como fue concebida originalmente.
“De la falta de cumplimiento no podemos acusar al Gobierno necesariamente”, sostiene Capellán, quien atribuye parte del problema a un posible desconocimiento de los mismos empresarios de las mipymes. Codopyme se ha quejado por el incumplimiento de los artículos 25 y 26, de la Ley 488-08, que ordenan a las instituciones del Estado comprar a las medianas y pequeñas empresas entre un 15 y 20% de sus bienes y servicios. Codopyme calcula que el Gobierno compra unos RD$100,000 millones cada año, es decir, que de ese “pastel”, si la norma se cumpliera, les correspondería unos 20 mil millones a las mipymes.
Del lado del sector construcción, hace unas semanas la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) dijo que los efectos de la aprobada Ley 189-11, no se vislumbran, fundamentalmente, porque falta que se apruebe un conjunto de reglamentos para su aplicación. Acoprovi citó que no se han presentado los reglamentos de la Superintendencia de Valores ni el de la Vivienda Económica y la Ventanilla Única.
La inercia para aprobar esos reglamentos se produce a pesar de que antes, se vendió la idea de que con una ley hipotecaria se podrían usar los fondos de pensiones para construir viviendas para quienes no poseen un techo (undéficit calculado en un millón de viviendas).
Seguridad y pago
Al cruzar la mirada, de la parte hipotecaria a la seguridad social, se observan puntos pendientes en la Ley 87-01. En ese ramo falta ofrecer cobertura para el seguro familiar de salud, pues una parte de la población se mantiene sin protección, y tampoco se está aplicando el Régimen Subsidiado Contributivo. También está aún en discusión la implementación de los centros de atención primaria, un tema que se espera cerrar el primero 1 de mayo, cuando éste se inicie. Entre el Régimen Subsidiado y el Contributivo hay 4 millones de personas cubiertas, pero hay unos seis millones de personas que están desprotegidos dentro del Sistema de la Seguridad Social.
De la Ley 64-00 surjen críticas, por ejemplo, de la Confederación Cafetalera Dominicana (Concafed) porque, a pesar de que esa norma establece el pago por servicios ambientales, 12 años después de su promulgación no se cumple ese capítulo como corresponde. “El el deterioro de la producción de café es el resultado de la desatención técnica y financiera del Gobierno, pues las plantaciones de café tienen que ser renovadas cada 12 años. El pago por servicios ambientales ahí debía jugar un rol importante”, sostiene Rufino Herrera, presidente de la Concafed.
Cuestión vital
En los últimos tiempos el sector empresarial, por un lado, y el Banco Agrícola, por otro, han propugnado por la modificación de dos leyes que consideran muy viejas y desactualizadas: la de Alquileres y el Código Laboral.
Los empresarios, liderados por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) han dicho que “es vital” hacer esos cambios si se quiere mejorar la competitividad del sector productivo nacional, garantizar la creación de más empleos formales y alcanzar una mayor cotización al sistema de la Seguridad Social. El empresariado busca de paso (con la modificación del código) frenar las mafias que se producen en las zonas de trabajo, propiciadas por abogados, que compran e inventan casos para demandar a empresas empleadoras.
Si en este país las instituciones compraran a las mipymes, como establece la ley, estuviéramos mucho mejor”.
Francisco Capellán
presidente de Codopyme
Que se modifique la Ley 4314, no para recapitalizar el Banco Agrícola, sino para dinamizar el mercado”.
Fermín Acosta
Presidente de Acoprovi
