Nuestras autoridades históricamente han carecido de la visión estratégica para orientar al país hacia determinados objetivos, y peor aún, en ocasiones, en vez de servir de motor a las iniciativas privadas que han generado ingresos para nuestra economía y empleos para nuestra gente, han sido un obstáculo al desarrollo y competitividad. Ejemplo de ello es que aunque el sector privado fomentó nuestra industria turística, habiendo desarrollado no solo una gran infraestructura, sino una marca país y un destino internacionalmente conocido; como país hemos sido incapaces de desarrollar un verdadero plan que acompañe toda esta inversión turística, que sirva para multiplicar los beneficios de este sector.
Para eso es necesario que todos los servicios conexos funcionen debidamente orientados a lograr la satisfacción de las necesidades de nuestra industria turística. Pero sobre todo, que las autoridades actúen al servicio de este propósito aunque ejerciendo siempre la debida regulación, a la vez que promuevan una conciencia nacional de la importancia de que todos contribuyamos al desarrollo del turismo de manera sostenible.
Aunque desde hace décadas en el país se han explotado yacimientos mineros y las concesiones mineras han sido otorgadas generalmente como prebendas políticas que se salen a vender al mejor postor, la implementación de la nueva explotación de la mina de oro de Pueblo Viejo y los altos precios alcanzados por dicho mineral, han fijado la atención nacional sobre este sector. Lamentamos que nuestras autoridades no hayan definido un plan sobre qué debe hacer el país en relación con sus recursos mineros, habiendo más bien dado señales inequívocas, por un lado de que quieren impulsar este sector y, por el otro, alentando actitudes extremas porque circunstancialmente les favorecían.
El propio informe del PNUD sobre Loma Miranda nos recuerda que como nación debemos “reflexionar acerca de la pertinencia de promover la minería como prioridad para el desarrollo del país”… actividad que “puede generar importantes beneficios económicos” pero también “deja importantes pasivos ambientales y sociales” que “se deben mitigar”.
Nuestras autoridades deben promover esta reflexión y no que la sociedad se polarice entre los que entienden que cualquier explotación de una gran empresa sería nociva y los que piensan que deben explotarse estas riquezas.
El Estado debe jugar su rol que va más allá de haber negociado los términos económicos del contrato con la Barrick o de querer crear un nuevo Ministerio.
Debe definir cómo podemos explotar estos recursos de la manera más eficiente y menos impactante. La sociedad por su parte debe fiscalizar cómo deben utilizarse los grandes recursos que ingresarán de la mina de oro y la preservación de nuestros recursos, particularmente los hídricos, no solo por la acción de particulares sino del propio Estado, como acontece con la carretera Cibao-Sur.
Es urgente que tomemos estas decisiones fundamentales, para que sea la racionalidad y no el populismo y la demagogia, que marquen nuestro destino.
