El jurista Ramón Antonio (Negro) Veras criticó la decisión de la Oficina Nacional de la Defensa Pública no brindar sus servicios al interno Adriano Román, acusado de tentativa de asesinato de su hijo Jordi Veras Rodríguez.
Veras expresó que el juicio no ha podido comenzar, aunque ha sido aplazado en 27 ocasiones, principalmente porque el imputado cambia la defensa privada que lo asiste.
Las primeros 14 reenvíos fueron durante la audiencia preliminar y en el juicio de fondo van 13.
En tanto, que la defensa pública alega que no puede asignar abogados a acusados económicamente solventes, acatando una decisión de Laura Hernández Román, directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública.
Del atentado ocurrido el día dos de junio del 2010 ya han pasado 45 meses, y luce empantanado. El más reciente aplazamiento se produjo en febrero de este año y fue dejado para inicio de marzo.
Durante una rueda de prensa en su oficina, Veras consideró que dicha instrucción general parece haber sido hecha a la medida de la condición de solvencia económica de Adriano Román “y cuadra perfectamente con la táctica utilizada por él para alcanzar su estrategia de eternizar el proceso mediante el cambio de abogado en cada audiencia”.
Agregó que, además de satisfacer a plenitud las pretensiones de Adriano Román y los otros imputados en el caso de Veras Rodríguez, la instrucción señalada viola varios preceptos constitucionales, de manera especial el previsto en el artículo 176, que consagra el derecho a la defensa que tiene todo imputado, que por cualquier causa no esté asistido de abogado privado, de recibir la asistencia gratuita del servicio de la Defensa Pública
