El gobierno tiene en agenda la presentación del proyecto de ley de Naturalización Especial de Extranjeros. Es su iniciativa para cumplir con el Plan de Regularización de Inmigrantes dispuesto por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Es al mismo tiempo un compromiso en atención a reclamos de diversos sectores, agencias y gobiernos que defienden derechos de inmigrantes.
Parece que las autoridades prometieron introducir la pieza al Congreso el 27 de Febrero, lo que no se hizo, y ese hecho ha sido objeto de atención en la isla y más allá. No faltan quienes asocian la posposición de la reunión prevista para hoy a cierta condicionante relativa a esa falta de iniciativa del Poder Ejecutivo.
En la noche del martes y nuevamente ayer, el presidente Danilo Medina se reunió con el consultor jurídico, César Pina Toribio; el ministro de Interior y Policía, Ramón Fadul, y el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario. Es más que obvio que ese encuentro tiene como materia principal el tema de los inmigrantes ilegales.
Nadie pierde de vista que es una cuestión muy sensible que ha envuelto al país en una polémica que atrae a agencias y gobiernos de otras naciones, incluidos los vecinos más cercanos. El presidente Medina luce muy empeñado en presentar el proyecto de ley en el marco de las normas institucionales.
Los actores sociales están atentos para ver qué saldrá desde el despacho presidencial hacia el Congreso Nacional. Lo mismo ocurre con partes interesadas en el exterior. Es evidente que la Presidencia está bajo presión y tratará de presentar la pieza lo más viable posible. Debe admitirse que no es una tarea simple. Necesita comprensión y apoyo.
Es necesario que los dominicanos estén persuadidos de que el Presidente manejará el asunto con un alto sentido de responsabilidad. Responsabilidad histórica, responsabilidad política, responsabilidad social, y concienzudos criterios jurídicos.
Démosle un voto de confianza. En cualquier caso, corresponderá al Congreso tomar la decisión final. Por eso, la propuesta del Presidente debe caracterizarse por su racionalidad y viabilidad.
