La denuncia hecha por la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) acerca de la vulnerabilidad de un altísimo número de las viviendas que se construyen cada año en el país es sencillamente una nota para alarmarse.La agrupación, vía su presidente Fermín Acosta, ha planteado que cada año se erigen unas 30 mil unidades habitacionales vulnerables a terremotos y/o huracanes.
Son dos fenómenos naturales a los cuales la República Dominicana, por su ubicación geográfica, está expuesta, lo que indica que la denuncia es una especie de advertencia.
La declaración tiene un dato que la hace más preocupante, al punto de llegar al grado de alarma, y es que dos terceras partes, es decir, el 67% de las soluciones habitacionales que se construyen anualmente en el país, se edifican sin la participación de profesionales en la materia. En cifras absolutas, la advertencia es más gráfica: de las 45 mil viviendas que según la Oficina Nacional de Estadística (ONE) se construyen en el país, 15 mil las construye el sector formal y 30 mil el informal.
Es algo que se ve sin necesidad de salir a investigarlo, por la gran cantidad de barrios que surgen en áreas donde no hay la más mínima oferta de servicios básicos, como agua, luz, sistema de drenaje pluvial y otros. Si no cumplen esos requerimientos, mucho menos observan requisitos como estudios de suelo. Y esas viviendas son hechas en la informalidad, sin planos, sin pago de los impuestos correspondientes.
Por lo general, en el mejor de los casos, quienes las construyen son albañiles y maestros constructores.
Según Acoprovi, cuando la gente pobre decide construir su vivienda, no toma en cuenta las normas de calidad.
Destruir las viviendas construidas en esas condiciones es un imposible, pero evitar que se propague la práctica es una necesidad urgente, perentoria.
