En el gobierno nacional no hay el estrés con la larga transición, pero seguimos en el trauma postelectoral. La transición está formalmente habilitada en los municipios donde ha habido cambios, aunque en la práctica no ocurra nada. En el ínterin pasan cosas, menos la transferencia de un detallado estado de situación a las nuevas autoridades. Más bien predomina la incertidumbre sobre lo que se recibirá.
La transición del poder es un tema que siempre se ha debatido, pero no ha requerido la atención debida. Ni siquiera está expresamente determinada en la Constitución. Apenas se consigna que las autoridades nacionales electas se juramentarán el 16 de agosto. La norma debía ser mucho más específica. Además, debía considerarse –definitivamente- la posibilidad de reducir ese plazo. En ese caso, habría que realizar una reforma constitucional.
La transición que sin embargo nos convoca es la municipal, donde ocurren eventos singulares. Algunos manifiestos y otros ocultos. Todos relacionados a los gastos y a los bienes, incluidos inmuebles.
La transición municipal, ahora tan larga como la presidencial y congresual, afortunadamente será más corta desde el 2020, ya que por efecto de la reforma de la Constitución de 2010 (artículo 274, párrafo I), las autoridades municipales electas el tercer domingo de febrero tomarán posesión el 24 de abril del mismo año, algo menos que ahora.
Mientras, asistimos a estos escenarios: Alcaldes llamados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); denuncias sobre desmantelamientos de equipos o talleres. Sobregastos o ventas dudosas. Y lo peor: mucho silencio en alcaldías que sólo cuando haya entrega se sabrá cómo se administraban los bienes públicos.
Lo peor es que aunque algunas instituciones tratan preventivamente de orientar a quienes habrán de recibir las alcaldías, nada asegura que en el futuro no tendremos los mismos dramas.
Todo porque generalmente los nuevos incumbentes no siempre tienen la dimensión debida de sus responsabilidades. No llegan a entender que van a servir, a manejar pueblos y ciudades, a decidir en materia de aseo urbano, ordenamiento territorial, protección ambiental, seguridad ciudadana, ornato y hábitat.
Quizás mañana la municipalidad tenga mejor suerte. No está de más ser algo optimistas.
