La Fiscalía de la provincia de Santo Domingo dio por culminadas las investigaciones que se realizaron en varias instalaciones del Grupo de Clínica Integral en Santo Domingo Este, las cuales están relacionadas a la extracción de órganos.La información revelada por la Procuraduría General, a través de su cuenta de Twitter, también establece que “queda sin efecto el cierre momentáneo de los recintos de dicho grupo que fueron intervenidos” y que “cuando el debido proceso de la investigación así lo permita, la fiscalía ofrecerá las informaciones al respecto”.
Esto ocurrió a pocas horas de que esa institución, en conjunto con autoridades de Salud Pública, volviera a entrar ayer a la Clínica Integral II, en la carretera Mella, utilizando una orden judicial en la que se establece que el centro violó leyes que se relacionan con la extracción de órganos y lavado de activos.
Violaciones graves
El documento judicial, al que tuvo acceso una periodista de la planta televisora NCDN y del cual tomó fotos, indica que la clínica incurrió en faltas a la ley 329-98 que regula la donación, legado, extracción, conservación e intercambio para trasplante de órganos y tejidos humanos.
De acuerdo con el documento, otras de las violaciones en la que incurrió la clínica que fue cerrada junto a la Clínica Integral I y III la noche del pasado miércoles, tienen que ver con infracciones en contra de la Ley General de la Salud 42-01; la Ley Sobre Lavado de Activos (72-02); la Ley 137-03 de Tráfico Ilícito de Migrantes y trata de personas y la Ley 136-3, también conocida como el Código del Menor.
Estas informaciones salen a la luz pública, a pesar de que durante su intervención en la Clínica Integral II, las autoridades del Ministerio Público se negaron a hablar con el personal del hospital y con la prensa. A la salida del centro médico, las autoridades del Ministerio Público cargaron con una computadora y documentos que obtuvieron en el área de archivo.
Mientras el Ministerio Público estuvo dentro de la clínica realizando sus investigaciones, en las afueras del centro un grupo de médicos, personal del hospital y familiares de pacientes internos protestaron exigiendo una explicación.
La multitud bloqueó el tránsito por breves momentos exigiendo justicia y calificaron como atropellante el accionar de las autoridades.
Los médicos del centro manifestaron que son alrededor de 700 empleados los que dependen de esas clínicas, por lo que exigieron que la situación se esclarezca cuanto antes y se ofrezca información de lo que está pasando.
Cuando los fiscales salieron del lugar, el grupo de médicos, empleados y familiares de pacientes lanzaron botellas plásticas y golpearon el vehículo en el que se trasladaban, mientras que un camión con una decena de agentes de la Policía Nacional se quedó en la entrada del centro médico para controlar cualquier situación que pudiera producirse nuevamente.
Los servicios en los recintos I, II y III del Centro Médico Integral que habían sido clausurados tras los allanamientos de la Fiscalía, fueron reabiertos tímidamente.
Las autoridades del centro hicieron un llamado a los médicos y todo su personal para que se reintegren a sus labores lo antes posible. En un recorrido, se pudo constatar que continúan dando servicio a los que acuden a emergencias y a los que estaban ingresados previo al cierre el pasado miércoles.
Exigen se esclarezca el caso cuanto antes
El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), Rafael Mena, considera que no habido suficiente claridad por parte de las autoridades judiciales y del Ministerio de Salud Pública en torno al caso, y entiende que las acusaciones que se hacen deben ser claras, precisas y contundentes “porque no se puede estar especulando”. Dijo que si verdaderamente se comprueba que existe vinculación con el tráfico de órganos, Andeclip respalda que haya sanciones contundentes y dijo desconocer si existen clínicas que realizan extracción de órganos con fines de tráfico internacional. Aclaró que en el país hay instituciones públicas y privadas que hacen trasplantes bajo las condiciones que requiere la ciencia. El jueves también los miembros del Consejo Nacional de Trasplantes, sugirió al Ministerio Público actuar con prudencia y suspender las redadas a centros médicos de la zona oriental, pues entienden que estas solo sirven para fortalecer ante la opinión pública leyendas urbanas y crear temor y desasosiego en la sociedad, con el consecuente efecto negativo sobre la donación de órganos. Mientras que el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez, ve poco probable que en el país se estén realizando esas acciones.
