La organización propone varias opciones de modelos, con interés de traer a la actualidad el Codigo Laboral de la RD

Cuando en República Dominicana surgió el Código Laboral, en 1992, el Producto Interno Bruto per cápita era de US$1,555, en el año 2018 pasó a ser de US$7,918.

Para entonces, el país tenía siete millones 293,390 personas y para 2018 la población se había incrementado a 10 millones 266,149 personas o quizás más.

Han surgido nuevas tecnologías y nuevas formas de trabajo y la economía no solo ha crecido, sino que en adición a eso se ha diversificado bastante.

Con números y planteamientos de ese tipo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) justificó ayer el interés manifestado por años de que la ley laboral (Ley 16-92) sea actualizada y puesta a tono con los nuevos tiempos y con las exigencias del mercado. En un encuentro con ejecutivos de medios de comunicación, la organización cúpula del empresariado nacional explicó que “la población ha crecido y una gran parte de ella está conformada por jóvenes que enfrentan retos y buscan oportunidades. Los grandes ejes de la propuesta empresarial de 12 puntos incluyen que la ley sea adecuada a la jurisprudencia y a las prácticas y acuerdos internacionales que rigen los actuales tiempos. También aborda la parte de los contratos de trabajo, la cesantía, los modelos de protección al empleo, la jornada laboral, los procedimientos laborales y la innovación, para lograr un ajuste con la realidad.

Opciones de modelo de cesantía

El Conep propone un fondo de cesantía: régimen de reparto. “Tendría la ventaja de que elimina desincentivo o aumentos salariales, elimina litigios laborales, reduce costos a las empresas, elimina el riesgo de afectar la liquidez o la solvencia y asegura cesantía a los empleados”, explica la organización. Y agrega que como desventaja está el hecho de que transfiere un costo eventual a costo fijo y reduce un poco el monto de cesantía a los empleados. Entre las opciones de modelos de cesantía propuestos figura además la de establecer un monto tope, en base a número de años, salarios mínimos o una combinación de ambos, y la opción de requerimiento de provisionar los fondos de pasivo laboral.

¿Para qué cambiar?

Los planteamientos de los empresarios sugieren que se necesita reformar el esquema actual de la cesantía porque esta puede causar problemas de liquidez y de solvencia para las empresas. Indican que el último sueldo como base de cálculo desincentiva los aumentos salariales y que el cambio de 21 a 23 días incentiva la rotación antes de los cinco años (el tiempo promedio es de 4 años en la empresa). “La cesantía es causa de litigios, embargos y costos jurídicos”, dice el Conep.

Desde su punto de vista, la cesantía en la legislación actual dominicana no es un derecho adquirido y que aplica cuando el empleador ejerce el desahucio, es decir, cuando el empleador mediante aviso previo y sin justa causa, ejerce el derecho de poner término a un contrato por tiempo indefinido. “Durante los próximos cinco años desaparecerán 75 millones de empleos, pero también surgirán otros 133 millones de nuevos cargos”, asegura el Conep, citando datos del Foro Económico Mundial. “La transformación laboral es un hecho; los puestos de trabajo relacionados con las tecnologías y la ingeniería serán los más solicitados. También lo serán aquellos que precisan de habilidades humanas”, agregó.

Dijo que los impulsores de esos cambios a los que hizo referencia serían la tecnología artificial, el internet móvil, la adopción generalizada de análisis de big data y la tecnología en la nube. La primera ley sobre trabajo que tuvo el país fue el Código Trujillo de Trabajo, en 1952 y fue posterior a ese cuando en 1992 llegó el que está vigente, siguiendo un trayecto que lo colocara en consonancia con los acuerdos internacionales y lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el año 2001 se creó en el país el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que trajo nuevos retos para República Dominicana y nuevas exigencias en diversos ámbitos, no solo en el aspecto salud, sino también desde el punto de vista del propio empleo.

El empresariado asegura que la falta de adecuación a los nuevos tiempos presenta al actual Código de Trabajo desfasado, que sin pretenderlo ha contribuido con el aumento del empleo informal y ha pasado a ser una amenaza para las pequeñas y las medianas empresas.

Los números que presentó la organización privada indican que entre 2014 y 2017 la tasa de informalidad se movió a niveles en los que bajó muy poco. Las cifras presentadas indican que en 2014 esa informalidad (empujada por el esquema que presenta el Código de Trabajo) era del 57.7% y en 2017 se situó en 58.7%.

“Temas tan importantes como: el trabajo autónomo, Ia subcontratación que implica relaciones laborales triangulares, el outsourcing y el teletrabajo, que, entre otros, deben ser tratados y regulados”, apuntó el Conep. Y planteó que en la práctica ya existen nuevas modalidades de trabajos, acordadas entre empleadores y trabajadores y reconocidas por la normativa internacional. “Tal es el caso de las jornadas de trabajos especiales que actualmente generan miles de empleos en el sector industrial, zonas francas, turismo y minero”, expuso.

Este año se juntaron dos temas; aún no hay pacto

Lograr que el sector sindical que representa los trabajadores, y los patronos se pongan de acuerdo sobre el tema ha sido imposible. Las discusiones vienen dándose desde 2013, cuando se creó por decreto una comisión para el abordaje de la cuestión, aunque de modo informal se está hablando de eso desde mucho antes. En 2014 se inició el diálogo tripartido en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec); en 2017 se inició una nueva etapa de las conversaciones y se ha continuado hasta la fecha, aunque con sus interrupciones por períodos. Este año -precisamente- ha coincidido con la discusión sobre aumento salarial al sector privado no sectorizado, cuya revisión se hace cada dos años en el Comité Nacional de Salarios. Ayer sindicalistas y patronos se juntaron y no hubo acuerdo.

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