Vergonzosa pretensión

El pasado miércoles un grupo de instituciones lideradas por la Liga Municipal Dominicana (LMD) apresuraron una comunicación a los presidentes de las cámaras legislativas ..

El pasado miércoles un grupo de instituciones lideradas por la Liga Municipal Dominicana (LMD) apresuraron una comunicación a los presidentes de las cámaras legislativas, al presidente de la Junta Central Electoral (JCE) y al presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) en la cual solicitan adoptar las previsiones para adecuar los artículos 209 y 274 de la Constitución de la República “ante una eventual revisión” de ese estatuto.

El propósito sería “unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales”, porque “evitaría la realización de dos procesos electorales con una diferencia de tres meses en un mismo año, hecho que en las actuales condiciones podría acarrear problemas económicos y traumas políticos al país”.

Parece que los firmantes de esa carta se acaban de enterar de lo establecido en la Constitución de la República desde 2010, cuando se realizó la amplia y debatida reforma que precisamente incluyó la separación de las elecciones presidenciales y congresuales de las municipales.

Pero es ahora que la inoperante LMD y demás concertados descubren que una disposición constitucional de 2010 podría provocar un “eventual colapso financiero y eventualmente político, dada sus implicaciones complejidades”.

Es más que obvio que estas dignidades se apuran para montarse en el carro de quienes abogan por una reforma constitucional conveniente.

Lo más deplorable es que sus inquietudes se fundamentan en “preocupaciones patrias”, acicateadas por el “sentir de la población, en cumplimiento del sagrado deber que nos convoca a asumir con gallardía la defensa de los más sanos intereses de nuestra democracia”.

Si fuese así, probablemente el país no estuviese sometido a esta hipertrofia de instituciones que se convierten en multiplicadores del gasto público, empezando por una Liga que no ha sido cerrada por la persistente vocación de los dirigentes políticos de utilizarla como ínsula compensatoria para quienes no alcanzan el pastel mayor.

Sólo en un país donde las instituciones y las normas que deben regularlas se quiebran fácilmente pueden surgir pretensiones como ésta. Es vergonzante que siquiera se plantee semejante propósito, simplemente por un oportunismo conveniente que nada tiene que ver con los intereses supremos de la Nación.

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