La auditoría forense a los equipos del sistema del voto automatizado que se utilizaron en las primarias del seis de octubre y que tanto los partidos políticos han solicitado, será realizada por una empresa de renombre internacional que no ha hecho ningún tipo de trabajo en ese sentido en el país que será anunciada en los próximos días.
Así lo informó ayer el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, quien también afirmó que las gestiones con la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) para hacer una auditoría técnica al voto automatizado de cara a las elecciones municipales del 2020, ya están bien adelantadas y que dicho estudio tendrá dos fases: una auditoría antes de esos comicios y otra, luego de que concluyan para certificar el funcionamiento de los equipos.
Insiste en diálogos para el consenso
“Una cosa es la intervención del IFES y el auxilio de lo que serían instituciones certificadoras de software de los Estados Unidos para el software que vamos a utilizar en febrero, pero otra cosas es la auditoría forense de los equipos (de las primarias del seis de octubre) que ya están pre muestreados”, manifestó Castaños Guzmán.
Inquietudes
Al recibir una visita de una comisión que representa a 70 organizaciones de la sociedad civil, el titular del órgano comicial insistió en que la Junta está abierta a escuchar a todos los sectores para dialogar y buscar todo el consenso que sea necesario para llevar en el 2020 unos procesos libres de cuestionamientos y llenos de transparencia.
“Nos sentimos muy complacidos y, sobre todo, abiertos, pero sobre todo que no se detenga el diálogo, que no se detengan bajo ningún concepto los espacios de colaboración, los espacios de acogida, sobre todo de parte de esta Junta que ha sido tan proclive a escuchar, a reunirse”, dijo.
En nombre de los comisionados habló Franklin Báez Brugal, quien al término del encuentro comunicó que durante la reunión se expusieron todas las inquietudes. Pidieron que den los resultados de las auditorías, que se evite la compra de cédulas, el derroche de los recursos del Estado, que avalen la confianza del electorado bajo los principios de la Ley 15-19, entre otras.
