Los bienes patrimoniales de Santiago

    Una vez más, las acciones de los políticos amenazan la vida institucional y funcional de entes fundamentales para la gobernanza. Y es que con frecuencia esos llamados representantes de núcleos poblacionales llegan a extremos que en el más simple sentido de racionalidad, no deberían ser.
    El más reciente caso lo constituye la creación del distrito municipal de Santiago Oeste mediante la Ley 65-18, que estrena autoridades escogidas en las elecciones pasadas.

    Los responsables de ese nuevo gobierno local han desatado una guerra territorial contra el municipio de Santiago, en el supuesto de que tienen derechos sobre bienes esenciales para la histórica común cabecera.

    Y han desatado una típica campaña del absurdo. Pretenden que el municipio de Santiago les entregue el control del Eco Parque de Rafey, el viejo basurero que la administración actual convirtió en una industria. Quieren también el matadero municipal, la dependencia principal del Cuerpo de Bomberos, parques y plazas aparentemente ubicadas en el territorio político creado.

    Los defensores de los derechos adquiridos por el nuevo distrito invocan el artículo 29 de la ley 176-07, del Distrito Nacional y los municipios, que plantea la transferencia de los bienes públicos ubicados en el nuevo territorio, pero expresamente ignoran el párrafo segundo, que señala que “esa disposición no es aplicable a los bienes patrimoniales del municipio segregado, manteniendo este su derecho de propiedad, salvo disposición legal en contrario”.

    La forma en que los políticos hacen las leyes aquí, montados sobre el populismo y la conveniencia momentánea, da pie a estas situaciones incomprensibles.

    ¿Cómo establecer unos límites territoriales en la ley 65-18 que envuelvan patrimonios del municipio cabecera, que son parte fundamental del eje de su gobernabilidad y la habitabilidad?

    Si la ley mencionada establece límites territoriales que lesionan patrimonios esenciales para el buen gobierno local de Santiago, necesariamente debe ser modificada.

    En cualquier caso, debe imponerse el diálogo y no una batalla brutal que sólo refleja ambiciones desmedidas por controlar bienes y recursos económicos.

    Lo lamentable es que el liderazgo político envuelto en todo esto, en vez de alentar el entendimiento, pretenda sacar ventajas con fines electorales.

    Y ocurre en tiempos de la COVID-19.

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