El presidente Danilo Medina compartió el pasado viernes su visión sobre el momento que vive el pueblo dominicano. En la víspera había participado en una reunión del comité central de su partido y al otro día, el sábado, se lanzó a apoyar a su candidato presidencial.

El discurso del viernes fue poco publicitado y sorprendió en los medios. Aunque en esa ocasión prevaleció su condición de jefe de Estado, fue un mensaje de alto contenido político. Primero, una evaluación del estado de la pandemia y el proceso de desescalada. Observó la tendencia al aumento de los contagiados, lo mismo que la tasa de positividad, lo que constituye motivo de preocupación.

Pero no hay que preocuparse, ha dicho, sino de ocuparse, y al efecto, en la medida que hay más enfermos, se dispone de más camas y de unidades de cuidados intensivos.

A seguidas, y ahí viene el político en acción, abordó el tema de “la delicada situación económica en la que se encuentran muchos hogares debido a la pandemia, hogares que hasta hace unos meses eran perfectamente capaces de hacer frente a su día a día, pero que ahora no tienen fuentes de ingresos”.

Ante la incertidumbre generada por la pandemia, anunció que serán nuevamente prorrogados los planes sociales y de ayuda económica aprobados durante el período de emergencia, porque este “Gobierno no va a dejar a nadie en el desamparo. No vamos a dejarlos solos frente a esta situación a mitad de camino. No sería justo”.

Serán mantenidos “los programas Fase I y Fase II, que apoyan a las empresas y que dan cobertura a más de 866 mil empleados privados, el programa Quédate en Casa, que lleva ayuda a más de 1.5 millones de hogares, el programa Pa Ti, que apoya a más de 200 mil trabajadores independientes…”, más los programas sociales de la Presidencia.

Las medidas tienen un valor humanitario, pero también una alta motivación política electoral. Medina habló como Presidente, pero con una clara intención de continuar apuntalando a su candidato.
Es muy difícil para la oposición cuestionar estas decisiones, porque sería visto como un proceder contrario al noble empeño del gobierno de ayudar a los desprotegidos a causa de la COVID-19.

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