Sinatrae dice pruebas del COVID son privilegio de unos pocos

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El Sindicato Nacional de Enfermería (Sinatrae) afirmó este lunes que más de diez miembros del personal de salud, incluyendo enfermeras, han fallecido a causa del COVID-19 por lo que exigió al Ministerio de Salud Pública la pronta realización de pruebas PCR.

Según su presidente, Julio César Cruceta, a pesar de que el personal médico y de enfermería está en contacto con personas infectadas con el virus, enfrenta dificultades para accesar a las pruebas diagnósticas y tardan entre 15 y 20  para su realización, con el agravante de que muchos de ellos son obligados a trabajar aun presentando los síntomas.

Dijo que la víctima más reciente es una enfermera que laboraba en el hospital de Cienfuegos, en Santiago y presentó serias dificultades para hacerse la PCR y finalmente falleció en una clínica privada, dejando a tres niños en la orfandad.

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Según Cruceta, las pruebas se han convertido en un privilegio de funcionarios de alto nivel, empresarios y  personas pudientes, mientras la gente común deambula desesperada con síntomas de la enfermedad en busca de un diagnóstico.

Asimismo, cuestionó sobre el destino dado a las más de 200 mil pruebas rápidas que supuestamente fueron donadas por dirigentes políticos y empresarios y cuántas adquirió particularmente el Estado dominicano.

Dificultades para tratamiento e indemnizaciones

Asimismo, denunció que las enfermeras que han resultado infectadas durante su labor también encuentran obstáculos para hacer los reportes al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPRIL) lo que les impide tener la cobertura del tratamiento médico y la indemnización económica por tratarse de una enfermedad ocupacional.

Sinatrae también reclama  una indemnización económica para los familiares de las enfermeras que han fallecido en la lucha contra el COVID-19 y que los bonos de RD$5 mil pesos que se entregaron los meses de abril y mayo se extiendan durante todo el año y sean incluidos en el presupuesto del 2021 como un reajuste salarial prometido por el presidente electo, Luis Abinader.

En cuanto, al nuevo estado de emergencia, Cruceta dijo que las autoridades deben disponer de más policías y militares para hacer cumplir el distanciamiento físico y focalizar las medidas restrictivas como el toque de queda en los lugares donde hay mayores focos de contagio, garantizando alimentos, medicamentos, agua y potable y energía eléctrica.

“Nos preguntamos de que vale toque de queda en el Seibo y en Pedernales en las mismas condiciones de  Santo Domingo y Santiago, es improcedente”.

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