La reforma del sector eléctrico es probablemente la más importante de las iniciativas anunciadas por el presidente Luis Abinader. Todas, desde el punto de vista institucional, o de los beneficios que pudieran dejar para las finanzas públicas son importantes, pero ninguna podría tener mayor impacto en la actividad productiva y en las vidas de las personas que la señalada.
La reforma probablemente se enfocará en reducir las nóminas, en la reestructuración orgánica, pero no estamos muy seguros si pondrán los ojos en las materias más sensibles para los clientes, como los sistemas de facturación y cobros, la inoperancia de la superintendencia de Electricidad y la perversidad del llamado Protecom.
Igual, se ignora si los cambios se fijarán en las mafias de empleados irresponsables y corruptos relacionados con los clientes familiares, consumidores comerciales, industriales y desarrolladores urbanos.
Están los irresponsables que llegan a autorizar la instalación de servicios a familias de manera “provisional”, sin contadores, a veces conectándolos desde un solo contador de una vivienda o comercio cerrados, en perjuicio del propietario.
Esa misma clase de técnicos también induce a los clientes comerciales a instalar transformadores por encima de la demanda potencial, lo que se convierte en una carga económica permanente, sin que los usuarios entiendan por qué el “factor de potencia” deviene en un impuesto indirecto, porque pagan una potencia que nunca utilizarán.
También pasa con los “técnicos” que leen los contadores desde sus butacas, por “apreciación”, y cometen abusos terribles contra los clientes. O las mafias que supervisan los proyectos habitaciones, que cargan con los transformadores instalados por los desarrolladores, y dejan las viviendas o solares sin la capacidad o factor de potencia adecuada, lo que origina conflictos con los adquirientes de los inmuebles.
Debe cambiar también el procedimiento sobre los reclamos, que sin importar el monto de la facturación, se obliga a los clientes a pagar el 10% del mismo para para procesarlos.
En fin, la reforma debe llegar a los ciudadanos, con más eficiencia en el servicio, menor costo de la energía y la erradicación de las corruptelas.
Y lo más importante, que el llamado Protecom sea un instrumento de los usuarios y no una entelequia al servicio de las distribuidoras.
