El presidente Luis Abinader afirmó que “una parte importante de los crímenes se están organizando desde las cárceles”, por lo que la reforma penitenciaria es “vital” y de “máxima urgencia” para el país.

Adelantó que el Gobierno bloqueará la comunicación ilegal de los presos con el exterior para de esa forma reducir el radio de acción del crimen organizado.

“Una cárcel reformada no debería de tener ese problema, pero en lo que llegamos a esa cárcel reformada tenemos que acudir a la tecnología de los bloqueadores, para imposibilitar que se realicen los crímenes desde las cárceles”, expresó el gobernante en una rueda de prensa celebrada en el Palacio Nacional.

Roberto Santana estará al frente

Durante el encuentro, Abinader ofreció algunos detalles de lo que sería la ejecución de una reforma penitenciaria integral, al tiempo de presentar al exrector de la UASD, Roberto Santana, como asesor honorífico del Poder Ejecutivo en políticas de seguridad y sistemas penitenciarios.

“La reforma penitenciaria tiene como objetivo contribuir a la seguridad ciudadana y para la disminución de la criminalidad, el respeto a la dignidad de las personas en conflicto con la ley penal y su posible reinserción social, así como la protección de las víctimas y las comunidades”, agregó el jefe de Estado.

Abinader consideró esa reforma “vital y de máxima urgencia”, y adelantó que Santana estará al frente de esa tarea.

“Como dije en mi discurso de juramentación, en una sociedad libre, moderna, democrática y avanzada como la que aspira a ser la dominicana, todos merecemos desarrollar un proyecto de vida sin violencia”, expuso el mandatario.

Precisó que la política penitenciaria no puede ser un elemento ignorado, al margen de un sistema de seguridad integral.
“Por ello, debemos mejorar y atender las acciones de prevención, disuasión y de inserción de manera conjunta y coordinada y esto requiere un esfuerzo tan grande como la meta que queremos alcanzar”, expuso Abinader.

81 millones de dólares para mejorar las condiciones de los presos
De su lado, Roberto Santana aseguró que para mejorar la situación de los más de 9,000 presos que están en el viejo modelo penitenciario es necesario invertir 81 millones de dólares.

Santana, quien es director de la academia regional penitenciaria, sugirió la creación de un sistema nacional de seguridad ciudadana en el que actúen y se comprometan todas las instituciones públicas vinculadas al bienestar y a la tranquilidad de la población.

El funcionario prometió al primer mandatario que cumplirá la reforma penitenciaria en los próximos tres años.

“Si un componente probado de la inseguridad ciudadana está en las prisiones tradicionales de donde se planifican y cometen todo tipo de delitos, es correcto que el actual gobierno y el Estado reinicien y concluyan la reforma penitencia”, precisó.

El primer director del modelo penitenciario, sostuvo que deben ser mejoradas las entidades públicas para que puedan cumplir su rol en un marco de confianza y de apoyo a la ciudadanía.

“Las agencias públicas deberán actuar en coordinación de las organizaciones y comunidades, atendiendo una agenda de sana convivencia.

Afirmó además que no hay seguridad ciudadana sin servidores públicos honestos ni tampoco si las palabras de los políticos careen de valor.

Sostuvo que la nueva cárcel de La Victoria fue inaugurada sin estar terminada, al denunciar que el recinto no tiene agua, electricidad ni entretenimiento de personal y otras mejoras que se deben hacer.

En cuanto a la antigua cárcel, el asesor penitenciario dijo que se pretende preservar una parte de su estructura para, entre otros proyectos, crear un museo para que no se olviden los horrores que muchos vivieron en ese lugar.

En el encuentro participaron, además, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla; el de Interior y Policía, Jesús Vásquez; el director general de la Policía Nacional, Edward Sánchez, y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), José Manuel Cabrera.

Iban a trasladar presos a principios de agosto

La cárcel de La Victoria fue construida en 1952 con capacidad para 1,200 reos, pero hoy alberga a más de ocho mil reclusos en precarias condiciones por el hacinamiento. La administración gubernamental pasada había prometido trasladar a los internos de la actual Victoria, al “nuevo recinto” a principios de agosto, pero esto no será posible, porque la estructura no está terminada y carece de los servicios básicos como energía eléctrica, agua, entre otros elementos. El nuevo complejo penitenciario contempla 12 módulos y está ubicado en el sector Las Parras, municipio de Guerra, provincia Santo Domingo, en un terreno de aproximadamente 6,407,083.00 metros. El propósito de la obra es terminar con el hacinamiento en las cárceles dominicanas y evitar que estas sean centros de operaciones de la delincuencia.

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