Las declaraciones del ministro Gustavo Montalvo sobre la necesidad de lograr un consenso para la modificación de la ley que crea el sistema de seguridad social mitigan en parte el temor de las instituciones empresariales, laborales y prestadoras de servicios de salud vinculadas a este tema. Este lunes Montalvo distribuyó una declaración que dice: “El Gobierno está convencido de la necesidad de reformar parcialmente la Ley 87-01, en el presente año. Al mismo tiempo, como es nuestra característica, queremos que esta modificación se haga con el mayor consenso posible”. “La voluntad del Gobierno es tener un anteproyecto de ley lo más acabado y consensuado posible”.
El temor en la parte privada de la seguridad social es que el segmento gubernamental lleve el proyecto como “caña para el ingenio” y usando su mayoría en el Congreso, imponga el proyecto presentado que está siendo muy cuestionado.
Esta preocupación ha sido alimentada, principalmente, porque desde que se recibió el primer borrador elaborado por un equipo de funcionarios gubernamentales, se hicieron importantes objeciones, pero ninguna de ellas fue tomada en cuenta en la elaboración de las dos versiones posteriores que llegaron a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada.
Una de las principales objeciones es el proyecto oficial que elimina el derecho de quienes financian la seguridad social, que son los trabajadores (30%) y los empleadores (70%), a objetar las propuestas que consideren perjudiciales para las partes que representan, derecho que ahora también tiene la parte Estatal. El esquema vigente obliga a tres partes trabajadores-empleadores-gobierno, actuar de consenso, evitando así que el sistema de seguridad social pueda degenerar y repetir la negativa experiencia del Instituto Dominicano de Seguridad Social, que en manos del Gobierno fue pervertido y terminó como una costosa entelequia incapaz de dar servicios de salud y ofrecer pensiones.
El proyecto de los funcionarios mantiene al Gobierno la capacidad de objetar las propuestas de trabajadores y empleadores, y va tan lejos que cambia las funciones de las superintendencias de Salud y Pensiones (entidades estatales), que ahora es de supervisión, y le otorga superpoderes para decidir qué y cómo hacer en salud y total potestad para manejar los más de $400 mil millones de los fondos de pensiones.
Es decir, que el Estado que ahora es una de las tres partes que deciden, y no financia la seguridad social, se convertiría en el rector solitario del sistema.
Esta es sólo una arista de las críticas que publican los medios, de una propuesta que no contribuye al consenso que quiere Montalvo, pero él es un ministro con experiencia y vocación, para entender que ese es el camino de la imposición, no del diálogo. Creo que reorientará el proceso hacia la concertación y a mantener la columna central del sistema. Me sorprendería lo contrario.
