Además de las destituciones y las separaciones de los funcionarios que el presidente Luis Abinader ha hecho en el tren gubernamental por la detección de irregularidades en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público debe proceder penalmente contra estos para establecer consecuencias y que los casos no queden impunes.
Así opinaron ayer el movimiento cívico Participación Ciudadana y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), quienes afirmaron, de manera separada, que la acción de desvincular a los funcionarios de sus funciones por actos dolosos o de corrupción no es suficiente, si estos no son judicializados.
Para la coordinadora de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, las destituciones y suspensiones de funcionarios, también deben ser investigadas y sometidas a la justicia, tras afirmar que no se pueden repetir los mismos errores del pasado, persiguiendo la corrupción con favoritismo.
La corrupción es tema central
“La corrupción sigue siendo un tema central de la agenda pública, y es importante que su combate se mantenga con esa misma visibilidad. El pueblo dominicano ha entendido que en la corrupción está la raíz de los males sociales que enfrentamos. La corrupción reduce la rentabilidad social, debilita nuestras instituciones, promueve el individualismo, nos hace ineficientes, menoscaba el crecimiento y promueve la desigualdad y la pobreza, pero también lacera la confianza ciudadana en sus instituciones. Por tanto, en la medida que exista la voluntad de transparentar el Estado, en esa misma medida contribuimos a eliminar las prácticas nocivas que permiten la entrada de la corrupción”, argumentó Blanco.
Desde Participación Ciudadana, dijo Blanco, valoran como positivo el compromiso asumido por el Presidente, de luchar contra la corrupción y la impunidad por entender que se hace necesario recordar que esa fue de las más sólidas promesas que lo llevaron al poder.
“El Presidente está en la obligación de cumplir con esa promesa que hizo ante el pueblo dominicano, no puede flaquear. Por lo cual los casos sonados de corrupción en esta nueva Administración, que han dado paso a destitución o suspensión, son un reflejo de cómo la corrupción también cambia de partido a pesar de la voluntad del ejecutivo. Estas destituciones y suspensiones, también deben ser investigadas y sometidas a la justicia”, precisó, al tiempo que reconoció el trabajo que hace actualmente el Ministerio Público.
Adocco: MP debe actuar de oficio inmediato
El presidente de Adocco, Julio César de la Rosa, también valoró de manera positiva la manera de actuar del presidente Luis Abinader cuando a algún servidor público se le vincula o se le señala por irregularidades en la Administración pública, pero es de opinión de que el Ministerio Público debe actuar de oficio inmediato. “Debe ser de manera automática, porque el MP tiene la responsabilidad de perseguir los crímenes y delitos”, dijo.
