La cúpula empresarial dominicana reafirmó su advertencia sobre efectos devastadores que tendría para la economía nacional la posibilidad de que se apruebe el proyecto de ley mediante el cual se entregaría el 30 por ciento de los fondos de pensiones a los trabajadores suspendidos por los efectos de la pandemia del Covid-19.
“Nosotros estamos en contra de esto, porque las consecuencias serían nefastas”, afirmó Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
Advirtió sobre los efectos perjudiciales que el proyecto de ley tendría para la economía nacional y también para la propia clase trabajadora.
“Eso suena muy atractivo, pero en realidad económicamente tendría muchos perjuicios como muy se ha explicado, no solamente por el aumento desmedido de la emisión monetaria, sino porque también perjudica a largo plazo a los trabajadores, ya que mermaría su capacidad de ahorro”, afirmó.
Posición de la AIRD
Mientras el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Celso Marranzini, reiteró la posición que los principales órganos empresariales e industriales del país de que esa iniciativa legislativa no es viable.
Marranzini volvió a advertir sobre los efectos perjudiciales que el proyecto de ley tendría para la economía nacional y también para la propia clase trabajadora.
“Eso suena muy atractivo, pero en realidad económicamente tendría muchos perjuicios como muy se ha explicado, no solamente por el aumento desmedido de la emisión monetaria, sino porque también perjudica a largo plazo a los trabajadores, ya que mermaría su capacidad de ahorro”, afirmó el dirigente empresarial al ser entrevistado por los periodistas.
