La audiencia de medida de coerción del caso Larva tuvo que ser aplazada para el próximo martes debido a que uno de los imputados se encontraba en estado de indefensión.

Tras seis horas de audiencia, donde se debatía un incidente, el abogado del imputado Rusber José Suarez Díaz (Ojitos), Francisco Javier, presentó problemas de salud, se retiró del lugar sin decir nada y  dejó a otro jurista en su lugar, sin embargo  este togado tenía rato en el tribunal y no había presentado calidades (no dijo quien era ni a quien defendía) ,  lo que produjo el estado de intensión.

Ante la situación, la jueza Katherine Rubio, de la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal, aplazó la audiencia a los fines de que el imputado esté debidamente representado.

Además, según se informó la magistrada, intimó al abogado Francisco Javier para que se presenten en la próxima audiencia y explique los motivos por los cuales se retiró del tribunal sin comunicarlo.

Para el martes entonces, se continúan los debates de un incidente planteado por varios abogados que tiene que ver con la competencia territorial.  Ese día, la jueza fallará al respecto.

Los abogados le han dicho a la magistrada Rubio que no puede conocer el proceso debido a que las empresas, con las cuales dice dice Ministerio Público se lavó dinero producto del narcotráfico (en San Cristóbal), se encuentran ubicadas en el Distrito Nacional y Santo Domingo.

Por lo que, le han solicitado a la magistrada que se declare incompetente para conocer la medida de coerción, y que entonces el proceso se decline al Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional y allí se conozca coerción.

Otro incidente que tiene previsto plantearse el martes es que no sea funcionado el expediente del imputado Domingo Ventura, quien fue apresado después de los 14 primerosimputados. Sus abogados han dicho que a su defendido no debe conocersele la medida de coerción junto a los demás.

Los 15 imputados que supuestamente integran la red de lavado de activos, desarticulada mediante la Operación Larva, están vinculados a una organización de narcotráfico denominada Corona que el 16 de marzo de 2020 introdujo al país 724.35 kilogramos de cocaína clorhidratada, por la costa de Nigua, provincia San Cristóbal, en una embarcación proveniente de Colombia.

El Ministerio Público ha establecido que los involucrados en el caso forman parte de una organización criminal dedicada a traficar drogas y a lavar activos por millones de pesos  producto de operaciones de narcotráfico a gran escala.

Los implicados, que tienen dos semanas detenidos, son  Jorge Luis Herasme Estrella (alegado cabecilla), sus padres María Mercedes Estrella y Ney Herasme, así como su hermana Sarai Esther.

También Santa Fausta Rodríguez y sus hijos Elizabeth y Ángelo Spataro Rodríguez (alegado cabecilla). En la lista también están los hermanos James Alexander y Joivel Alexander González Cubilette.

Asimismo, están detenidos Miguel Santos y su pareja Yira Zimmermann,  Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah),  Rusber José Suarez Díaz (Ojitos) y Domingo Ventura.

Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos están solicitando que se le dicten a los imputados 18 meses de prisión preventiva, además de que se declare el caso complejo.

Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación están Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.

Los fiscales antilavado indicaron que los integrantes de la red inyectaban, sobre todo en el sector inmobiliario, las ganancias irregularmente obtenidas producto de las actividades propias del crimen organizado. En las investigaciones se ha determinado que adquirían, a través de familiares de los principales miembros de la estructura y mediante la utilización de compañías fantasmas, inmuebles suntuosos en sectores exclusivos del Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, así como también vehículos de alta gama y armas de fuego de alto y bajo calibre.

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