Por la ausencia de la querellante, el juicio de fondo contra el diputado Gregorio Domínguez Domínguez, acusado de violación a la propiedad privada, fue aplazado para el 29 de junio.
Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tenían previsto iniciar este martes con el juicio, pero debieron suspenderlo ya que Lucila Capellán Luna, quien es víctima querellante, y además testigo del caso, no se presentó al tribunal.
Capellán Luna reside en Italia y había apoderado a sus abogados para representarla, ante el «temor» de que la audiencia se aplazara y tuviera que viajar en vano.
Debido a que la querellante también es testigo a cargo, el Ministerio Público solicitó al tribunal la suspensión de la vista a los fines de que la misma esté presente, petición a la que no se opuso la defensa del diputado Domínguez Domínguez.
El legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) es acusado de violar los artículos 24 y 25 de la Ley 396-19, que regula el otorgamiento de la Fuerza Pública y el artículo 1 de la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad.
El Ministerio Público presentó acusación formal contra el Domínguez Domínguez a principios de febrero y en marzo pasado, tras conocer la audiencia preliminar, la jueza de la instrucción especial Vanesa Acosta decidió dictar auto de apertura a juicio contra el diputado.
El expediente elaborado por el órgano persecutor indica que el legislador actuó en detrimento de Lucila Capellán Luna y le atribuye en calidad de autor, la comisión de los tipos penales ejecución de medidas ejecutorias y conservatorias inobservando el procedimiento de ley, tomar participación o requerir la ejecución de un embargo o medida conservatoria sin título ejecutorio e introducirse a una propiedad inmobiliaria sin permiso del dueño, arrendatario o usufructuario.
El expediente señala que alrededor de las 10:00 de la mañana del 27 de mayo de 2020, los señores Basilio Catalino Martínez (Jaime) y Emmanuel de Jesús Williams Molina, empleado del legislador el primero y chofer de la retroexcavadora el segundo, se presentaron, por instrucciones del imputado, a la comunidad Punta Rucia, de Estero Hondo, Puerto Plata, donde la víctima Capellán Luna construía su vivienda.
Explica que una vez en el lugar, Catalino Martínez y Williams Molina procedieron, sin las debidas formalidades de la ley y por orden y con la participación del imputado, al desalojo, destrucción y posterior demolición de la vivienda levantada por la víctima, la cual estaba en etapa de construcción a nivel de techo.
El órgano acusador ha dicho que cuenta con diversas pruebas testimoniales, documentales, ilustrativas o demostrativas.
