Moca. El incumplimiento de la promesa de hacer el cierre técnico del vertedero de este municipio, dispuesto hace ocho años y cinco meses por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha impedido poner fin a la contaminación que este genera.
El día 13 de febrero del año 2013, por disposición del entonces ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bautista Rojas Gómez, se inició el proceso para clausurar el basurero ubicado en la comunidad Las Colinas, debido a la cercanía al río Moca y varias comunidades. En marzo de este año, el alcalde Miguel Guarocuya Cabral informó que la Alcaldía de Moca contemplaba eliminar definitivamente el vertedero para dar paso a la transferencia de grandes volquetas de 30 toneladas que serían llevadas o al Ecoparque de Rafey en Santiago o al basurero de La Vega. Recientemente el Ayuntamiento adquirió con fondos propios unas veinte tareas de un terreno para trabajar en un espacio que sirva como transferencia.
Contratiempos
En tanto que el día siete de este mes, el encargado de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, José Leonel Cabrera (Neney) anunció en Moca que en coordinación con el ayuntamiento de ese municipio iniciarían la estación de transferencia de residuos sólidos y así poder sustituir el viejo vertedero a cielo abierto, debido a que impacta negativamente a la salud de más de 70 mil habitantes mocanos.
El actual espacio que continúa como depósito de los desechos sólidos resulta ya insuficiente y hay dificultad hasta para que los camiones recolectores puedan penetrar. El terreno donde está ubicado el basurero también sirve para que algunas personas hagan negocios, a través de la compra y venta de hierros y para buzos que viven del reciclaje de plástico, cartón y botellas.
Piden colaboración del gobierno
Diversos sectores de Moca proponen construir un sistema moderno para depositar la basura ante los graves niveles de contaminación que genera el actual vertedero. Los moradores de la comunidad La Colina, donde está ubicado el lugar de depósito de desperdicios, consideran que el Gobierno central debe colaborar económicamente para la clausura definitiva del lugar.
