Cámara de Cuentas condena allanamiento

Tres miembros de la Cámara de Cuentas estuvieron presentes durante la rueda de prensa.

El Pleno de la Cámara de Cuentas (CC) consideró como un “atropello nefasto” a la institucionalidad el allanamiento del que fue objeto ese órgano fiscalizador del Estado el pasado lunes 22 de febrero.

La posición del Pleno fue presentada ayer a través de un documento leído por el director de Comunicaciones de la Cámara de Cuentas, José María de la Cruz, donde se califica la acción del Ministerio Público como un golpe institucional, debido a que “lesionó la autonomía e independencia de la entidad”.

El documento fue leído durante una rueda de prensa en la sede del órgano con la presencia de algunos integrantes del Pleno, entre ellos Hugo Álvarez Pérez, presidente; Carlos Noe Tejada, secretario y Félix Álvarez, miembro. Mientras que presentaron excusas Margarita Melenciano y Pedro Antonio Ortiz.

El escrito señala que la Resolución 01-2021, con la cual se realizó el allanamiento no especificaba la “delimitación del alcance de la búsqueda” de los supuestos documentos y evidencias de sospechas que tenía el Ministerio Público de que las “auditorías fueron maquilladas” para favorecer instituciones del Estado.

“Lo que se emitió fue una suerte de cheque en blanco, sin expresión precisa de los objetos que se esperaba encontrar, como si no fuese de rigor que toda orden de allanamiento, en virtud del art. 182.4 del Código Procesal Penal, tiene que circunscribirse a los elementos materiales que tengan vinculación con los ilícitos penales investigados”, dice el escrito.

Técnicos analizan documentos

De su lado, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, informó que se mantiene trabajando a un amplio equipo de técnicos de diferentes áreas que profundizan el análisis de la documentación ocupada en la Cámara de Cuentas.

Aseguró que la Operación Caracol abre un caso en el que la obstrucción de la justicia y otros ilícitos penales operaron en beneficio de personas, empresas o entidades favorecidas con auditorías maquilladas. “Entre esas auditorías maquilladas figura una realizada a las obras construidas por Odebrecht entre 2002 y 2014”, apuntó Camacho.

Reacciones a favor y en contra

El allanamiento a la Cámara de Cuentas ha generado cientos de comentarios, unos a favor, que aseguran que la acción está amparada en la Constitución y otros en contra, que lo calificaron como golpe institucional y una extralimitación.

Sobre las críticas negativas, el titular de la Pepca, Wilson Camacho, citó una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2015, donde considera que el Ministerio Público es un órgano constitucional.

“Dejo esto por aquí: ‘Este Tribunal considera... órganos constitucionales... el Poder Judicial, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas, el *Ministerio Público*, el Defensor del Pueblo o este Tribunal Constitucional...’ TC 0001/2015”, tuiteó ayer el procurador adjunto.

Los órganos constitucionales o extrapoder (la Cámara de Cuentas es uno de ellos) son aquellos cuyo desempeño funcional, administrativo y presupuestario no está subordinado a los tradicionales tres poderes del Estado.

De su lado, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), calificó el hecho como “un golpe institucional” y aseguró que con el allanamiento se invalidan las auditorías realizadas por la Cámara Cuentas y remitidas al Ministerio Público.

“Actuaron apegados al debido proceso”

Para el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún, el allanamiento a la Cámara de Cuenta, es “simple y llanamente parte de las actuaciones, facultades y prerrogativas que la ley le concede al Ministerio Público”.

Surún indicó que los fiscales anticorrupción actuaron apegados al debido proceso, de conformidad con la ley y amparados bajo una orden judicial emitida por la jueza María Garabito, de la Suprema Corte de Justicia.

Precisó que la Carta Magna faculta al Ministerio Público a investigar aquellos hechos que consideren tipifican algún tipo de infracción y que por lo tanto, lo que hizo no constituyen un desbordamiento de los límites constitucionales.

“Entendemos como institución que nadie puede colocarse por encima de la ley y que nadie está exento a ser investigado, siempre apegados al debido proceso a la presunción de inocencia, y que en consecuencia, actuaciones como esas no constituyen un desbordamiento de los límites constitucionales otorgados al Ministerio Público, es todo lo contrario en un estado de derecho, todos estamos sujetos a rendir cuentas y explicaciones referentes a inquietudes que puedan tener las autoridades y eso es lógico en el caso de la Cámara de Cuentas”, dijo.

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