Defensa requiere actuaciones procesales para defender derecho; actuaría por allanamientos
Santo Domingo.- La Cámara de Cuentas de la República Dominicana solicitó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenar al titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, entregarle copias certificadas de los interrogatorios practicados al presidente del organismo fiscalizador, Hugo Álvarez Pérez, al miembro Carlos Noé Tejada Díaz y al director de Auditoría, Henry Bautista Santana.
De igual modo, ordenarle poner a disposición de la defensa, integrada por los abogados Jorge Prats, Julio Cury y Danay Mercado, todas las actuaciones procesales relativas al expediente.
Resaltan que los documentos son de capital interés para ejercer de manera efectiva el derecho de defensa que le asiste a la Cámara de Cuentas, como parte afectada con ocasión del allanamiento del que fue objeto su sede, y respecto del cual pretende deducir consecuencias.
La solicitud del órgano de control externo está contenida en una instancia dirigida a la jueza de la instrucción especial María Garabito Ramírez, quien el 18 de febrero emitió la resolución número 01-2021, que permitió al Ministerio Público practicar un allanamiento en la CCRD el día 22 del mismo mes y año.
Indican que la documentación le ha sido requerida al director de la Pepca en dos oportunidades, sin obtener ninguna respuesta.
“Ante la callada ofrecida por respuesta por el mencionado Camacho a la referida solicitud el 2 de marzo, mediante Acto núm. 066-2021, del 9 día, para que en un plazo de un (1) día franco, contado a partir de esta fecha, entregue en manos de mis requirentes los documentos que le fueron requeridos en la solicitud elevada por mis propios requirentes, al amparo de los arts. 260 y 290 del Código Procesal Penal…”, dicen los juristas en la instancia enviada a la Suprema Corte.
¿Pepca mintió? Afirmaron que, para obtener la autorización judicial para el allanamiento, la Pepca, además de acusar a los miembros del Pleno de la CCRD de obstrucción de la justicia, “incluyó un falso, constitutivo por demás de ilícito penal”, consistente en atribuirle a Álvarez Pérez declarar, entre otras cosas, que en enero 2017- diciembre 2019, Tejada Díaz y Batista Santana habrían adulterado auditorías.
También que el presidente de la CCRD habría dicho que entre las auditorías adulteradas están las del ministerio de Educación y el informe de las obras construidas por Odebrecht en el país. Además, habrían sido falseadas las auditorías del Cabildo Santo Domingo Este, Lotería Nacional, Planta Punta Catalina, y de los ministerios Administrativo y de la Presidencia, entre otras.
Por esas y otras razones legales expuesta, solicitaron a la jueza de la alta corte ordenar a Camacho poner a disposición de la defensa todas las actuaciones procesales relativas al expediente de que se trata; declararlo en “falta a la lealtad procesal”, y consecuentemente, imponerle las sanciones previstas en el artículo 134 del Código Procesal Penal, consistente en el pago de una multa.
Asimismo, condenar al MP y a Camacho, a título personal, a pagar en provecho de la CCRD una astreinte de RD$50,000.00 por cada día de retraso en que incurra con motivo del eventual incumplimiento de la decisión a intervenir.
La Pepca habría atribuido a Álvarez Pérez declarar que Tejada Díaz y Batista Santana habrían adulterado auditorías.
Falsedad de Pepca
Los abogados de la Cámara de Cuentas afirmaron que para obtener la autorización judicial para el allanamiento la Pepca, además de acusar a los miembros del pleno de obstrucción de la justicia, “incluyó un falso, constitutivo por demás de ilícito penal”.
