China ordena oficialmente detención del desaparecido expresidente de Interpol

La Fiscalía Popular Suprema de China anunció hoy la emisión de una orden oficial de detención contra el expresidente de Interpol Meng Hongwei, quien se encontraba retenido sin acusación formal y en paradero desconocido en el país asiático desde el pasado mes de septiembre.

Pekín, 24 abr (EFE).- La Fiscalía Popular Suprema de China anunció hoy la emisión de una orden oficial de detención contra el expresidente de Interpol Meng Hongwei, quien se encontraba retenido sin acusación formal y en paradero desconocido en el país asiático desde el pasado mes de septiembre.

«El caso está en trámite», agrega el comunicado que publica el Ministerio Público en su página web, que añade que Meng -de nacionalidad china- es sospechoso de «aceptar sobornos».

El pasado 27 de marzo, la prensa hongkonesa informó de que Meng había sido formalmente expulsado del Partido Comunista de China (PCCh) y relevado de todos sus cargos «por graves violaciones de la ley y la disciplina» del partido.

La Comisión Central para Inspección Disciplinaria del Comité Central había acusado a Meng -de 56 años y ya exmiembro del comité y exviceministro de Seguridad Pública- de abuso de poder, «despilfarro de fondos públicos», entre otros asuntos.

El antiguo número uno de la Interpol desapareció misteriosamente tras subir a un avión con destino a China el pasado 25 de septiembre, momento en el que su familia dejó de tener noticias suyas y se perdió su pista.

Tras varios días de silencio y ante la presión de la comunidad internacional, que exigía a China explicaciones sobre su desaparición, la Comisión Nacional de Supervisión (el órgano anticorrupción chino) confirmó su detención a principios de octubre.

Poco después, Interpol anunció la dimisión «con efecto inmediato» de su presidente, después de que él mismo renunciara al cargo en una carta.

El Ministerio de Seguridad Pública informó después de que la investigación a Meng se abrió tras detectar que aceptó sobornos y violó la ley estatal, un comportamiento que ha causado un «grave daño» al partido y a la seguridad nacional.

La legislación china establece que la Policía tiene autoridad para mantener incomunicado y en un lugar secreto hasta seis meses a sospechosos de ofensas contra la seguridad nacional, o acusados de terrorismo o sobornos, una normativa que en muchos casos se aplica a disidentes o activistas.

Desde la llegada al poder de Xi Jinping en 2013, China ha juzgado a numerosos altos funcionarios por recibir sobornos dentro de su campaña anticorrupción.

 

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