Comportamiento de jueces en redes sociales estará sujeto a un protocolo

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El comportamiento en las diferentes redes sociales de los jueces que conforman el Poder Judicial estará sujeto a un protocolo que aprobó recientemente el Consejo del Poder Judicial.

En el documento “Recomendación Protocolar de Actuación de Jueces, Juezas y Servidores(as) del Poder Judicial para el Uso de las Plataformas Sociales”, se establece que para el ejercicio de la función judicial, resulta de vital importancia la confianza de la ciudadanía en la integridad e imparcialidad de jueces por lo su participación en las redes sociales, tanto de manera individual como colectiva, supone riesgos éticos que deben ser evitados en el ejercicio de sus funciones.

Agrega que si bien los jueces tienen derecho a la libertad de expresión e información, “siempre deben comportarse de tal manera que se conserve la dignidad de sus cargos y la imparcialidad e independencia del Poder Judicial”.

En ese sentido, el protocolo hace una serie de recomendaciones que deben aplicar los jueces y servidores judiciales, entre los que se destacan que estos deben evitar responder comentarios y críticas a las decisiones judiciales o a medidas implementadas desde el Poder Judicial, tanto para temas administrativos como jurisdiccionales.

“Deben estar conscientes en todo momento de que cualquier comentario en redes sociales puede significar el riesgo de poner en peligro la confianza pública en el Poder Judicial”, indica el documento.

Los jueces deben ser prudentes en cuanto a las relaciones que establezcan en las redes sociales. Tienen que cuidar quienes sean sus “amigos, seguidores o contactos” en estas plataformas por lo que tienen que monitorear de manera periódica sus cuentas, a fin de eliminarlos y/o bloquearlos. “Si la relación con ellos en las plataformas sociales pudiera crear razonablemente una apariencia de parcialidad o de prejuicio (por ejemplo, parte o sus representantes legales, testigos o cualquier otra persona interesada en un proceso)”, explica.

Asimismo, deben abstenerse de responder de manera personal en redes sociales sobre cualquiera de las tareas encomendadas bajo su función de servidores judiciales.

También tienen que mantener la neutralidad y la moderación sobre las informaciones referentes tanto a la vida pública como de la vida privada con trascendencia pública que se expone a través de las redes sociales.

Deben abstenerse de cualquier actividad en Internet que pueda mermar la confianza de los ciudadanos en la justicia o plantear dudas en cuanto a su independencia e imparcialidad y en ese sentido, establece el protocolo, se recomienda prudencia a jueces y juezas cuando lleven a cabo cualquier comunicación por la vía electrónica, incluida las comunicaciones de mensajes de texto, o correo electrónico o cuando participen en redes sociales en línea o publiquen material en las mismas.

En caso de que algún comentario hecho en contra de un juez o jueza tenga el potencial de amenazar la confianza de dicho juez o jueza, los canales oficiales del Poder Judicial son los que darán respuesta a dichos comentarios hechos en contra de ellos o ellas en las redes sociales.

El documento indica que se han establecido como canales oficiales las redes sociales del Poder Judicial como medio para difundir informaciones administrativas y jurisdiccionales en tiempo real y de manera permanente, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicaciones y Prensa del Poder Judicial.

El protocolo establece, también, que los jueces recibirán capacitaciones sobre el funcionamiento y manejo de redes sociales por parte de la Escuela Nacional de la Judicatura y que los lineamientos de su actuación en las redes sociales están enmarcados dentro de los principios generales que establece el Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial.

El protocolo fue aprobado por el Consejo del Poder Judicial, en Cámara de Consejo, el pasado 29 de septiembre.

El Consejo del Poder Judicial está conformado por Luis Henry Molina presidente; Nancy Salcedo Fernández, consejera representante de los jueces de la Suprema Corte de Justicia; Etanislao Radhamés Rodríguez Ferreira, consejero representante de los jueces de Cortes de Apelación y Fernando Fernández Cruz, consejero representante de los jueces de Primera Instancia.

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