NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, se anotó hoy otra gran victoria en la lucha por proteger el Censo Decenal de 2020 ante la Administración Trump al detener los intentos del Presidente Donald Trump de excluir a los inmigrantes indocumentados de la base de reparto tras el recuento del censo.
«Los repetidos intentos del Presidente Trump de obstaculizar, perjudicar y prejuzgar un censo exacto y el subsiguiente prorrateo han fracasado una vez más», dijo la Fiscal General James. «Los tribunales han dictaminado a nuestro favor en cada asunto del censo en los últimos dos años y han rechazado continuamente los esfuerzos ilegales del presidente Trump para manipular el censo con objetivos políticos.
No podemos permitir que el continuo miedo y la xenofobia de la Casa Blanca nos impidan ser contados. Urgimos a todos a que llenen el censo, si es que no lo han hecho ya, y continuaremos tomando todas las acciones legales disponibles para asegurar que todas las comunidades sean contadas, que todas las comunidades estén debidamente representadas, y que todas las comunidades obtengan los fondos federales que necesitan y merecen».
En julio, la Fiscal General James encabezó una coalición de estados, ciudades y condados en la presentación de una demanda contra el Presidente Trump, el Secretario de Comercio Wilbur Ross y otros, después de que anunciaran que dejarían ilegalmente a millones de inmigrantes indocumentados fuera de la base de reparto que establece el número de miembros de la Cámara de Representantes que recibe cada estado.
La demanda tenía por objeto impedir que la Administración Trump violara el requisito constitucional y estatutario de larga data de contar el «número total de personas» que residen en el país para el reparto, sin tener en cuenta la situación de la inmigración.
Hoy, un tribunal de tres jueces acordó con la Fiscal General James que el plan del presidente de excluir a los inmigrantes indocumentados de la base de reparto era ilegal. La corte declaró: «Los méritos de la disputa de las partes no son particularmente cercanos o complicados».
En la decisión, la corte sostuvo que el Presidente Trump estaba violando la ley al tratar de cambiar la base de reparto, y que «el Presidente debe actuar de acuerdo con, y dentro de los límites de, la autoridad que el Congreso ha concedido.
Por las razones expuestas anteriormente, concluimos que el Presidente no lo hizo en este caso y que el Memorando Presidencial es una violación ‘ultra vires’ de la delegación por el Congreso de su responsabilidad constitucional de contar el número total de personas en cada Estado y de repartir los miembros de la Cámara de Representantes entre los Estados según sus respectivos números».
La victoria de hoy es sólo la última de una larga lista de medidas que la Fiscal General James ha tomado para proteger la integridad del Censo Decenal de 2020. En 2018, la Oficina de la Fiscal General presentó una demanda contra la Administración Trump en respuesta a sus esfuerzos por añadir una pregunta de ciudadanía al censo.
Esa demanda se abrió paso a través de múltiples tribunales, llegando finalmente a la Corte Suprema de los EE.UU. el año pasado, donde el tribunal dictaminó, el pasado mes de junio, a favor de Nueva York al prohibir a la Administración Trump que añadiera la pregunta de la ciudadanía al censo.
En agosto del año pasado, la Fiscal General James intervino en otro caso de censo en Alabama, donde el gobierno federal fue acusado, en un esfuerzo por asegurar que el caso se presente adecuadamente y que cada residente en América -independientemente de su estatus de ciudadanía sea contado en el censo.
Además, a finales del mes pasado, la Fiscal General James encabezó una gran coalición para emprender acciones legales contra los esfuerzos de la Administración Trump por perjudicar el Censo Decenal de 2020 reduciendo -en un mes entero, del 31 de octubre al 30 de septiembre- el tiempo en que se aceptarán los cuestionarios de auto-respuesta y se realizarán seguimientos puerta a puerta por parte de los encuestadores del censo.
El pasado fin de semana, un tribunal de distrito emitió una orden de restricción temporal para detener temporalmente el plan del presidente de perjudicar el censo.
Junto con la Fiscal General James en la presentación de la demanda objeto de la victoria de hoy fueron los fiscales generales de Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
A los fiscales generales se sumaron las ciudades de Central Falls, RI; Chicago, IL; Columbus, OH; Nueva York, NY; Filadelfia, PA; Phoenix, AZ; Pittsburgh, PA; Providence, RI; Seattle, WA; y la ciudad y el condado de San Francisco. Además, se sumaron a la demanda los condados de Cameron, El Paso e Hidalgo, en Texas; el condado de Howard, en Maryland; y el condado de Monterey, en California; así como la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos.
