De los de 336 postulantes a miembros de la JCE, cuatro han pasado por el organismo como titulares: Eddy Olivares, José Ángel Aquino, Carmen Imbert y Rosario Graciano.
En el proceso de selección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE) que desarrolla el Senado de la República, José Ángel Aquino y Eddy Olivares aspiran a volver al organismo luego que fueron miembros titulares por diez años.
Ambos estuvieron en el período 2006-2010 y del 2010 al 2016, y si algo resume su paso por la entidad es una larga cadena de conflictos con la mayoría del pleno que presidía Roberto Rosario.
Durante ese tiempo, la JCE experimentó importantes avances en materia de modernización del sistema electoral en aspectos como la agilización de la transmisión del resultado de las elecciones y la automatización del registro civil, pero al concluir esas gestiones, la JCE no logró el valor más importante: confianza y credibilidad de la población.
En el último periodo, 2012-2016, Olivares fue coordinador de la Comisión de Juntas y Aquino de la Comisión de Oficialías desde el 2006 hasta el 15 de agosto del 2013, cuando fue destituido a raíz de un conflicto que se generó en el organismo por un informe que daba cuenta de que 22 mil nacidos en el país desde el 1984 al 2010 habrían sido afectados por la JCE negarle actas de nacimiento. El entonces miembro titular de la JCE recomendó una resolución que dotaría de documentos a esas personas a lo que se opuso el presidente del organismo, Roberto Rosario y la mayoría del pleno.
Ese hecho distanció para siempre a Rosario y Aquino. La posición del exjuez titular de la JCE sobre el registro civil no siempre fue la misma. El conflicto por el tema de los documentos a descendientes de haitianos en la gestión de Rosario, primero como presidente de la Cámara Administrativa y luego del pleno, inició cuando se emitió la circular 017 del 29 de marzo del 2007, que prohibió expedir actas de nacimiento a personas que habían registrado hijos sin que hayan probado su residencia legal en el país. Aquino votó a favor de esa resolución y de hecho era el presidente de la Comisión de Oficialías para ese entonces.
Su posición sobre ese tema empezó a variar a partir del 2012 y en el 2013 propuso un anteproyecto de ley sobre registro de nacimientos de hijos de madres extranjeras no residentes en el país.
En el caso de Olivares, su papel en la JCE fue activo para las elecciones del 2012 y en el período que concluyó en el 2016. Se caracterizó por emitir votos contrarios a la mayoría del pleno del organismo en casos como presupuesto, la implementación del sistema de transmisión de resultados y registro civil.
Por ejemplo, en el 2013 la solicitud del presupuesto que hizo el órgano electoral recibió críticas de Aquino y Olivares, que acusaron a Rosario de tener un acoso mediático al Poder Ejecutivo para que asigne recursos al órgano electoral.
Olivares también desautorizó a Rosario en varias ocasiones con relación a varios casos que conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de personas que acusaron al país de negarles documentos de identidad.
En las elecciones del 2016, la JCE enfrentó una crisis de credibilidad por fallas en los escáneres que adquirió la JCE para el registro de concurrentes y el conteo de los votos. En ese proceso, Aquino y Olivares emitieron fuertes críticas a la gestión de Rosario y otros tres miembros del pleno que apoyaron las medidas para las elecciones.
Su paso de ocho años por la JCE ha sido pasivo
Rosario Graciano de los Santos llegó a la JCE en el 2012 impulsada por Leonel Fernández cuando el expresidente militaba en el PLD. Por tanto, en el perfil que se ha definido en el proceso actual lo tendría difícil, pues la condición fundamental es que los nuevos miembros no tengan vínculos con los partidos. De su paso de 8 años por la JCE se puede resumir que tiene una actitud pasiva, sin contradicciones internas. Sobre el fallo del voto que provocó la suspensión de las elecciones dijo que no sabía nada de lo que ocurría.
Carmen Imbert, la voz contradictoria de la JCE
Carmen Imbert Brugal llegó a la JCE en el 2016 con un perfil de independiente y la bendición de la sociedad civil. Solo después del fallo que provocó la suspensión de las elecciones ha salido con criterio discordante sobre las decisiones del pleno. La dama aseguró que no sabía nada del fallo que provocó la suspensión de las elecciones y dijo que en el pleno votó para que las votaciones municipales solo se suspendieran donde había voto electrónico. Ha hecho fuertes acusaciones contra miembros de la sociedad civil.
