La defensa de uno de los imputados en la supuesta red de corrupción administrativa desmantelada mediante la Operación Coral 5G recusó este miércoles por segunda ocasión a la jueza que conoce el caso en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
La defensa legal del general Julio Camilo de los Santos Viola, volvió a solicitar que la jueza Kenya Romero no conozca la medida de coerción de los 13 imputados porque “está predispuesta”, debido a que ella fue la que ordenó la orden de arresto y conoció la coerción de los sometidos en los casos Coral 5G y Coral, respectivamente.
“Vamos a poner todas las pruebas de lugar porque entendemos no se debe violar el sagrado derecho de defensa del general Viola. Es un ciudadano que tiene derechos igual que cualquiera”, manifestó el abogado Charlie Aquino.
Ante de esto, la defensa de este imputado había solicitado a la jueza del tribunal inhibirse del proceso de conocimiento de medida de coerción por lo ante expuesto, pero la magistrada rechazó la solicitud.
Mientras que la defensa de los otros 12 imputados solicitó a la jueza que separara los expedientes para que continuara con el conocimiento de la medida de coerción a los que la Corte de Apelación se pronuncie con la recusación interpuesta por la defensa De los Santos Viola.
Ante esta solicitud de las demás defensas, decidió continuar conociendo la medida de coerción contra los otros 12 encartados, a quienes el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.
“No podemos dejar que las estrategias, que a mi entender son infundadas, de otra barra de la defensa afecte el derecho que tiene nuestra representada de que su caso se conozca en un tiempo razonable”, ponderó el abogado Félix Portes, representante legal de la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez.
En la audiencia, el Ministerio Público ha comenzado a presentar a la jueza los cargos que les imputa a los demás generales Juan Carlos Torres Rubiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y Boanerges Reyes Batista, subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
Los otros ocho militares y los dos civiles, son el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, coronel paracaidista Carlos Augusto Lantigua Cruz, coronel piloto Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, coronel Miguel Ventura Pichardo, teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez, teniente coronel Kelman Santana Martínez, mayor José Manuel Rosario Pirón, primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
Las acusaciones contra los 13 implicados, tres de ellos generales activos, van desde coalición de funcionarios, prevaricación, estafa contra el Estado, falsedad y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y hasta testaferrato.
Al grupo se le imputa ser parte de una red que distrajo millones de pesos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
