Defensor del Pueblo tendrá su sede

La doctora Zoila Martínez, defensora del pueblo, dio el primer palazo de la obra.

La defensora del pueblo, Zoila Martínez Guante, y la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Inkca Mattila, dieron el primer palazo para la construcción de la sede del Defensor del Pueblo, obrea que implicará una inversión de más de trecientos millones de pesos.

“La intención es dejarle al pueblo lo que le pertenece, una sede propia donde cada persona que acuda a llevar su queja se sienta en su casa, cómodo, atendido y acogido”, dijo la doctora Zoila Martínez durante su discurso.

De su lado, la señora Inka Mattila afirmó que para el PNUD es de vital importancia que en el país existan instituciones como el Defensor del Pueblo: sólida, que garantiza la defensa de los derechos de las personas y que brinda hospitalidad.

“Desde el PNUD, una de las prioridades que tenemos en el país es trabajar para que las instituciones sean cada vez más sólida y respondan a la necesidad de la ciudadanía, que es la esencia del objetivo 16 del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030” indicó la representante del PNUD en el país.

El total de los fondos que el Defensor del Pueblo transfirió al PNUD es de RD$ 314,906,828.80 (tres cientos catorce millones de pesos, novecientos seis mil, ochocientos veintiocho con ochenta centavos). Fondos estos que fueron ahorrados del presupuesto asignado a la institución.

Tendrá oficinas en 15 provincias del país

El proyecto que se realiza con el PNUD abarca la construcción, compra y equipamiento de infraestructuras físicas adecuadas en 15 provincias del país, sumado al edificio de la sede central, que estará ubicado en la Avenida 27 de Febrero, #526 entre la calle Caonabo y la Avenida Privada. Sector Los Restauradores, en el Distrito Nacional. “Hemos hecho los ahorros necesarios para que el pueblo tenga su casa”, enfatizó Zoila.

Entidad es una autoridad autónoma

El Defensor del Pueblo tiene como rol, establecido en la Ley 19-01 y la Constitución: Contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas frente a las acciones ilegales o arbitrarias del sector público, de los prestadores privados de servicios públicos y de los intereses colectivos y difusos. Tiene autonomía funcional, administrativa y presupuestaria.

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