El Poder Ejecutivo formalizó la solicitud de auditoría financiera a la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) mediante una instancia depositada a la Cámara de Cuentas ayer en la mañana.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, entregó la misiva, la cual está firmada por el presidente Luis Abinader, y precisa que se investigue la mega obra hasta el 31 de diciembre de 2021. Esto luego de que el pasado domingo el mandatario instruyera a la nueva Cámara de Cuentas una auditoría financiera de la planta, de manera que el pueblo dominicano pueda conocer cada detalle de lo invertido en ella.

La solicitud del Ejecutivo responde a la línea asumida por el gobierno, según detalla el escrito, en el sentido de cumplir y hacer cumplir los principios de transparencia, publicidad y juridicidad, previstos en el artículo 138 de la Constitución.

De acuerdo a lo que expresa el jefe del Estado en el escrito, el Gobierno está recibiendo los resultados de la auditoría técnica que efectuó la firma estadounidense Sargent & Lundy, sobre Punta Catalina, adjudicataria mediante previo proceso de licitación pública.

Ante preguntas de la prensa sobre la destitución del exadministrador de la CTPC Serafín Canario, mediante el decreto 679-21, y si hay un nuevo administrador, Antoliano Peralta explicó que esa información será revelada por el Ministerio de Energía y Minas, quien tiene el control del tema de la planta.

Participación Ciudadana pide auditoría forense a Punta Catalina
La coordinadora de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, valoró como positivo el acercamiento del Poder Ejecutivo a la Cámara de Cuentas para solicitarle una auditoría financiera de Punta Catalina, sin embargo, consideró necesario también la realización de una auditoría forense.

Blanco García, quien está convencida de que no se puede hablar del fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina sin saber realmente cuál es el costo de la obra, dijo que la planta no ha sido auditada aún.

“Una auditoría financiera es muy limitada, entonces, lo que el pueblo dominicano tiene que saber es el costo real de la obra y el daño en corrupción que se va a evidenciar en una auditoría forense y no en una auditoría financiera”, sostuvo la representante del organismo cívico, minutos antes de la llegada de Antoliano Peralta a la Cámara de Cuentas y tras ésta sostener una reunión allí.

La auditoría forense es un procedimiento especializado el cual integra conocimientos jurídicos, contables y financieros, se realiza con el objetivo de identificar fraudes.

Los cuestionamientos en torno a la CT PC resurgieron a raíz de un contrato de fideicomiso que el Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional, considerado por algunos sectores objeto de privatización de la obra. La planta fue inaugurada el 29 de julio del 2020, por el entonces presidente Danilo Medina, por un monto de US$2,454 millones.

La Ley que trabaja el Ejecutivo será nueva

El consultor jurídico Antoliano Peralta, explicó que el proyecto legislativo que trabaja el Poder Ejecutivo para regular los fideicomisos públicos no es la iniciativa “que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos (Cenefip)”, que perimió en la Cámara de Diputados el pasado 12 de enero y aparece aún en los archivos de esa ala del Congreso sin variación en su contenido. Dijo hay un error cuando dicen que es un proyecto “para regular los fideicomisos públicos”.

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