El aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, expresó que ni acepta, ni tolera las amenazas vertidas por el presidente de la República Luís Abinader contra el PLD, en el sentido de que como consecuencia de su oposición a la aprobación del contrato de Fideicomiso de Punta Catalina, el Presidente señaló el interés de investigar posibles actos de corrupción en la construcción de dicha obra.
El aspirante presidencial y miembro del Comité Político por el partido opositor señaló que: “A dos años de período de gobierno, ha pasado el tiempo suficiente para determinar los posibles actos de corrupción mencionados por el mandatario”.
El también exprocurador de la República resaltó que: “Si alguien contrató de manera indebida la construcción de dicha planta, se benefició, se enriqueció, violentando la ley en el proceso de adjudicación, o cometió un ilícito penal debe ser encausado a la justicia, y confiscado todos los bienes adquiridos, pues ya es tiempo suficiente para haber culminado las auditorías y determinar si algo ilícito ocurrió”.
Francisco sostiene que es improcedente e incorrecto que Abinader amenace al PLD con una investigación por el hecho de pedir transparencia en el contrato de Fideicomiso de Punta Catalina, por lo cual invitó al presidente Luís Abinader a no amenazar, y si quiere hacer una investigación que la haga, es más, ese es su deber. Pero hacerlo en forma de chantaje no contribuye al clima democrático, ni a una justicia sana e independiente en la República Dominicana.
“Si hablamos de independencia de justicia, es al Ministerio Público y los jueces quienes le corresponde determinar si es obligación iniciar un proceso para determinar si en la contratación de esa obra se violentó la ley de compras públicas, si hubo sobrevaluación de la misma o hubo sobornos. Es al sistema de justicia que le corresponde asumir esa responsabilidad.” afirmó.
El dirigente peledeista plantea que es el mismo presidente Abinader que pone en entredicho lo que se ha expresado en este período de gobierno respecto a los procesos judiciales que se están llevando a cabo, pues es evidente que se discrimina cuáles casos si y cuales casos no, independientemente del sentido de justicia.
