Algunos opinan que las medidas con los obreros y embarazadas ilegales es justa y otros que violan derechos
Las nuevas medidas migratorias, anunciadas el pasado martes por el Consejo Nacional de Migración, que endurecen los controles para los extranjeros en territorio nacional, han traído consigo reacciones encontradas entre los diversos sectores.
En lo que respecta a la regularización de la mano de obra en un plazo de tres meses, algunos consideran la disposición como pertinente y acorde a la ley, pero en lo referente a la prohibición del ingreso de extranjeras embarazadas con más de seis meses de gestación, algunos lo ven como violatorio a los derechos humanos y otros, correcto, sobre todo por la cantidad de haitianas que vienen a dar a luz al país.
En República Dominicana gran parte de la mano de obra es haitiana y muchos de esos trabajadores no cuentan con un documento o permiso legal. Desde el punto de vista del presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Jorge Montalvo, todas las medidas que promuevan el cumplimiento de las leyes deben ser apoyadas y respaldadas, pero entiende, en ese mismo sentido, que de la misma forma en que las autoridades están interesadas en dar cumplimiento a las legislaciones, pues también tienen que dar las facilidades para que se pueda regularizar la mano de obra, que en el país es mayoritariamente haitiana.
“Aquí el gobierno ha hablado desde hace muchos meses de burocracia cero y entonces yo pienso que de igual forma en que se van a agilizar los permisos para los proyectos, pues de igual forma se van a agilizar los permisos para que esa mano de obra pueda ser regularizada. O sea, que si eso viene acompañado con ese proceso yo no veo mayores inconvenientes que todos podamos cumplir con esos requerimientos”, comentó.
Aunque está consciente de que tres meses es poco para poder regularizar a todos los trabajadores ilegales, el presidente de Acoprovi se mostró optimista con lo que podría ser la colaboración del Gobierno para poder agilizar el proceso.
Violatorio y discriminatorio
Como discriminatoria y violatoria a los derechos de las mujeres fue calificada la medida de negar o prohibir la entrada de extranjeras embarazadas con más de seis meses de gestación por la activista Sergia Galván. “Es bueno recordar que la República Dominicana es Estado Parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y que la resolución sobre medidas para el ingreso de extranjeras en estado de gestación, es contraria a la Convención”, señaló.
Apelando a la sensatez, Galván dijo que confía en las autoridades para que dejen sin efecto la resolución sobre medidas para el ingreso de extranjeras en estado de gestación, “por violentar las obligaciones del país en materia de derechos humanos”.
El debate del tema llegó al Congreso Nacional y allí también las posiciones estuvieron divididas.
El senador de la provincia Barahona, José del Castillo Saviñón, es de opinión de que esas medidas deben aplicarse de manera paulatina y por fases, sobre todo porque en el sector construcción y en el campo la mano de obra depende de los extranjeros haitianos. “Yo pienso que hay que ver las razones y los temas humanitarios, porque hay que reconocer la situación de sectores productivos agrícolas que dependen de mano de obra haitiana”, dijo.
Mientras que la senadora de Puerto Plata, Ginnette Bournigal, aplaudió todas las medidas, pidiendo, incluso, un estricto cumplimiento de estas. “Haití pone reglas, entonces nosotros tenemos que poner reglas también y hacerle un llamado a las autoridades establecidas en Haití y a los que ostentan la representatividad en el país para que no vayan a negociar con el pueblo haitiano”, indicó.
Medidas dirigidas a haitianos
Aunque en su resolución el Consejo Nacional de Migración no mencionó de manera directa al vecino país de Haití, se infiere que gran parte de esas medidas van dirigidas para los nacionales de esa nación que diariamente ingresan a territorio dominicano por la frontera ilegalmente. Desde que el presidente Luis Abinader tomó las riendas del país ha sido muy enfático en la atención que debe dársele a la migración haitiana hacia este lado de la isla.
El jefe de Estado ha dejado claro cuál es su posición al respecto, mucho más, en lo que tiene que ver con las parturientas haitianas. En abril de este año, el gobernante informó que el 29 % de las camas de las maternidades dominicanas son ocupadas por haitianas, lo que, según dijo, contribuye a elevar la tasa de mortalidad materna. Dijo que esa era una situación insostenible en el tiempo.
Las medidas anunciadas por el Gobierno
Tras una reunión de casi tres horas en el Palacio Nacional, el Consejo Nacional de Migración, encabezado por el presidente Luis Abinader, informó que daba tres meses a los empresarios para que regularicen a la mano de obra y que se prohibiría la entrada de embarazadas extranjeras con seis meses de gestación. Todo ello, “para evitar el ingreso a la República Dominicana de todo ciudadano o ciudadana de nacionalidad extranjera, que implique una carga irrazonable para las finanzas públicas”, según explicó el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, quien es miembro del Consejo.
En rueda de prensa, el funcionario advirtió que el Gobierno ejecutará el régimen de sanciones a empresas y empleadores de acuerdo al artículo 132 de la Ley General de Migración, que impone sanciones de 5 a 30 salarios mínimos a quienes contraten o proporcionen trabajo a extranjeros ilegales o no habilitados para trabajar en la República Dominicana.
