Tras la designación de Miriam Germán Brito en la PGR comenzaron los sometimientos y las investigaciones
El cambio de gobierno y la designación de Miriam Germán Brito, como procuradora general de la República, desencadenó sometimientos a la justicia de exfuncionarios peledeístas y trajo a la luz nuevos escándalos de corrupción.
En este 2020, que pronto finaliza, además se vio que, por primera vez, se inició una investigación sobre la correcta aplicación de las declaraciones juradas de los funcionarios, dentro de la cual se han hecho interrogatorios a más de uno y de diferentes partidos.
Todo esto comenzó cuando en agosto pasado, el presidente Luis Abinader, en un acto que calificó como independiente, nombró a la exjueza Germán Brito como máxima autoridad del Ministerio Público y a Yeni Berenice Reynoso, como una de sus procuradores adjuntos.
Lo primero que hizo Germán Brito fue reforzar los diferentes departamentos de investigación y persecución y ahora, tienen en proceso de investigación cientos de casos, muchos de ellos relacionados a corrupción administrativa.
Pero lo que, sin dudas, más acaparó este año la atención de la ciudadanía fueron los sometimientos a cinco exfuncionarios del pasado gobierno de Danilo Medina, entre ellos su hermana Carmen Magaly Medina. También, de su otro hermano Alexis Medina, quien es acusado de crear una red para, a través de tráfico de influencias, beneficiarse con más de 4 mil millones de pesos de la Oisoe, el Fonper y Salud Pública.
Además de Alexis, otros que verán acabar el año tras las rejas son los exfuncionarios Francisco Pagán, Fernando Rosa y Aquiles Cristofer Sánchez. Así como los presuntos testaferros de Alexis, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda. Mientras que Carmen Magaly, Freddy Hidalgo están cumpliendo arresto domiciliario.
Más escándalos de corrupción
Pero el caso de los Medina y exfuncionarios no es el único que salió a la luz. Otros expedientes sobre presunta corrupción fueron depositados por Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, y Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética Gubernamental
Ambos funcionarios presentaron ante la Procuraduría General de la República un expediente sobre una supuesta compra irregular de hormigón asfáltico caliente por RD$11 mil 500 millones en Ministerio de Obras Públicas (MOPC), en la gestión de Gonzalo Castillo.
Pimentel depositó otros tres casos. Dos, relacionados a un supuesto entramado en Inaipi por la suma de RD$268 millones. El otro tiene que ver con el Plan Social, donde presuntamente hubo procesos de compras irregulares. Con relación al Plan Social, Ortiz Bosch depositó otro expediente en la PGR, por la sustracción de los discos duros de la institución.
Actualmente, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que dirige Wilson Camacho, tiene un proceso de interrogatorios con relación a estos casos. Ya han pasado por ahí, Yokasta Guzmán, exdirectora de Compras y Contrataciones Públicas, e Iris Guaba, extitular del Plan Social. Con relación a estos casos, no ha habido ningún sometimiento.
Un nuevo caso, el cual ya la Pepca le está dando seguimiento, es la denuncia sobre el entramado de corrupción en el sector eléctrico, que supuestamente tenían Maxy y Alexander Montilla Sierra, cuñados del expresidente Danilo Medina, quienes se habrían favorecido, a través de varias empresas, con más de RD$13 mil millones.
Declaraciones juradas
Otro tema que llamó la atención fueron los interrogatorios realizados por el tema de la declaración jurada. Sobre estos, tampoco ha habido sometimientos. Fueron interrogados en más de una ocasión, el senador de la Fuerza del Pueblo por San Juan, Félix Bautista; Radhamés Camacho, expresidente de la Cámara de Diputados y miembro del Comité Político del PLD. También, el alcalde perremeísta de Pedro Brand, Wilson Paniagua; el asistente del expresidente Medina, Robert De la Cruz; y la exministra de la Juventud, Kimberly Taveras, quien renunció al cargo recientemente.
Antes de acusar tendrán suficientes pruebas
La Pepca está investigando decenas de casos de corrupción administrativa, ha dicho su titular Wilson Camacho. Eso sí, la procuradora Germán Brito ha dejado muy en claro que antes de presentar una acusación, primero van a indagar lo suficiente para poder sustentar la misma. “La Constitución y las leyes no me mandan a mí a inclinarme a perseguir una persona sin sustentar bien la acusación, sean quien sea el individuo”, precisó la magistrada en medio de la expectativa que tenía la ciudadanía por ver los primeros apresados.
Ese mismo pensamiento lo expresó esta misma semana Camacho, quien indicó que antes de someter a la justicia a una persona primero se debe agotar un proceso de investigación, que podría tardar meses. “Entre una denuncia de corrupción, del tipo que sea, y una medida de coerción (como Operación Antipulpo), median muchas horas de trabajo (meses), cientos de diligencias de investigación, miles de documentos revisados, decenas de personas involucradas y muchas, muchas discusiones”, manifestó el procurador adjunto en su cuenta de Twitter.
