El viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), Pavel Isa Contreras, aseguró que “todos los indicadores económicos y sociales muestran que las provincias de la frontera están y se han mantenido rezagadas en su desarrollo respecto al resto del país”.
Indica que registran menos ingresos, menos inversión, más pobreza, menos negocios, menos servicios básicos y menos bienestar. Desde su punto de vista, esa realidad justifica la necesidad de un esfuerzo especial y robusto de política pública dirigido hacia esos territorios. “La intención de la Ley 28-01 fue revertir eso y fomentar la inversión y los empleos. Otorga amplias exenciones y ventajas tributarias a las empresas clasificadas, con el fin de compensar los altos costos de operar en esas provincias.
Sin embargo, ha sido muy contenciosa, porque no pocos perciben que ha sido un cheque en blanco para las empresas acogidas”, apuntó.
Isa Contreras, que es economista y profesor del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), dijo que adicionalmente se argumenta que no existen controles ni garantías de impactos positivos en el empleo y el bienestar, al tiempo que genera desbalances severos con respecto a empresas no beneficiarias.
El funcionario de Economía rememoró que a inicios de 2020, por encomienda del MEPyD elaboró el estudio “Evaluación del impacto de la Ley 28-01, que crea la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo”. Parte de lo que expone resume sus conclusiones y recomendaciones en ese estudio. Esta vez tocó el tema por vía de su cuenta en la red social Twitter.
Desde el punto de vista del viceministro, el resultado de la desazón ha sido severas dilaciones y obstáculos continuos en su aplicación. “Eso, junto a la débil infraestructura y falta de servicios básicos en varias provincias, ha contribuido a que la ley haya tenido un impacto positivo, pero bajo”, agregó.
Según los números que maneja Isa Contreras, menos de 100 empresas se benefician de las exenciones concedidas por la ley.
“Entre 2012 y 2018 el efecto neto total promedio anual (directo e indirecto) en valor neto producido (valor agregado) fue equivalente a 0.37% del producto interno bruto (PIB)”, dijo.
El estudio que realizó el profesional de la economía establece que las empresas acogidas a la ley apenas generaron 8,000 empleos directos, aunque los indirectos suman 28 mil. “Además, los efectos se concentraron en muy pocas empresas y territorios.
Elías Piña, Bahoruco, Independencia y Pedernales no se han beneficiado”, advirtió.
Se requiere plan integral para colocar inversiones
Pavel Isa Contreras sostuvo que hay un consenso sobre la necesidad de que las empresas que se instalen en la frontera y generen valor agregado y empleos reciban un tratamiento tributario preferencial. “Sin embargo, también hay consenso en que eso es insuficiente. Para que las inversiones vayan a la frontera se requiere de un plan integral y un programa de inversiones que fortalezca la infraestructura económica y social y los servicios básicos”, explicó.
