Posibles nuevos casos de corrupción, seguimiento a los actuales y cambios en las fiscalías es el escenario venidero
La justicia dominicana vivió momentos agitados en este año con el sometimiento de 86 personas por presuntos actos de corrupción o narcotráfico y el 2022 podría ser igual e incluso mayor.
En el año venidero hay muchas que podrían suceder, pero lo que está claro es que los fiscales y abogados estarán “metidos de lleno” en los tribunales, no solo por los siete casos más sonoros del 2020, sino por otros viejos que todavía están vigentes.
Otra asunto que podría mantener al sistema judicial “en movimiento” es que se abrirían nuevos procesos judiciales por corrupción, a juzgar por las investigaciones que ha dicho el Ministerio Público están en curso. En mayo pasado la propia procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, aseguró que investigan alrededor de 500 casos de corrupción.
En este 2022, el órgano persecutor tendrá mucho trabajo, pues deberá presentar acusación formal contra los imputados de los denominados casos Coral y 5G, Medusa, Lotería y los de narcotráfico y lavado de actos llamados Falcón y Larva, antes de que se venza el plazo.
Con esto, los casos pasarán a una audiencia preliminar, en la cual se juzga las pruebas del Ministerio Público para determinar si el proceso puede ir a juicio de fondo, que se juntará con la del caso Pulpo, cuya acusación ya fue presentada y fue apoderado el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para tales fines.
En este proceso, los jueces de primera instancia también tendrán mucho trabajo con el conocimiento de estos casos y hasta las autoridades penitenciarias les “tocará lo suyo”, pues serán los responsables de que los imputados que están cumpliendo prisión preventiva, como Alexis Medina, del caso Pulpo, el mayor general Adán Cáceres, del Coral; o el exprocurador Jean Alain Rodríguez, del Medusa; sean traslados a los tribunales y estén presentes en sus respectivas audiencias. Un trabajo que requiere de una gran coordinación, pues entran en la calificación de “traslado de alto riesgo”.
Los casos viejos que continúan
Al margen de estas audiencias, en los tribunales seguirán su curso los casos viejos, por lo que los siguientes meses serán movidos. Un ejemplo de ellos es el juicio de fondo por la compra irregular de los aviones Súper Tucano, proceso que tiene cinco años ventilándose en los tribunales, pero que podría terminar este 2022 al menos en primera instancia.
Comenzando el año, el 11 de enero un tribunal colegiado tiene previsto iniciar el juicio de fondo contra los imputados por los presuntos actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) y el asesinato del abogado Yuniol Ramírez.
También, seguirá conociéndose el caso Los Tres Brazos, que aunque inició en junio de 2018, aún se encuentra en audiencia preliminar. El mes pasado, fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) concluyeron con la presentación de la acusación y pidieron a un tribunal que dicte auto de apertura a juicio contra los 17 imputados.
A esto se le suma, que el caso Odebrecht podría volver a los tribunales, esta vez ante uno de alzada, cuando el Ministerio Público apele al descargo de cuatro de los imputados, y los dos que fueron condenados recurran en busca de que esto sea anulado. Ambas partes, en noviembre, cuando el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia, adelantaron que apelarían.
Probables cambios en fiscalías
Además de todo esto, en 2022 en términos administrativos podría haber cambios, pues a los 36 procuradores fiscales que fueron seleccionados en 2018 para dirigir igual número de dependencias en diferentes jurisdicciones del país, se les vence los cuatro años por el cual fueron escogidos.
El 21 de septiembre del 2018, el entonces procurador general de la República Jean Alain Rodríguez (ahora preso por su vinculación al caso Medusa) juramentó a los fiscales, entre los que se destacaban Rosalba Ramos, titular de la Fiscalía del Distrito Nacional, quien sustituyó a la actual directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, y que ahora se enfrenta a una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en su gestión.
El Consejo Superior del Ministerio Público podrá reconfirmar el mandato de estos fiscales por un segundo y único período consecutivo o llamar a concurso para designar a nuevos titulares.
Las expectativas dentro del Poder Judicial
Ya entrando en el tema del Poder Judicial, el presidente del mismo y la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, estaría a la expectativa de que se apruebe en el Congreso Nacional la propuesta que depositó sobre una ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial, cuya iniciativa, dijeron, “tiene como propósito, establecer los principios y lineamientos que permitan el uso de los medios digitales en el entorno judicial, sin afectar las normas procesales vigentes”. Este proyecto ha generado el rechazo del Colegio de Abogados que asegura que con el mismo se atenta contra la Constitución. Otro asunto que es el interés de Molina, según ha dicho, es la reducción de la mora judicial, y este año venidero podría ser prefecto para seguir avanzado en este aspecto. En junio pasado en entrevista para elCaribe, Molina estimó que esto está en camino a desaparecer.
