A raíz de los hallazgos en las investigaciones y auditorías realizadas en las empresas distribuidoras de electricidad, el Estado presentó una querella penal contra un presunto entramado criminal de personas y empresas por una estafa a través de las EDE por más de RD$20,000 millones.
La acusación ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) es por estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos, asociación de malhechores y soborno a funcionarios.
Los imputados son Rubén Jiménez Bichara (exvicepresidente ejecutivo de la CDEEE), Luis Ernesto de León Núñez (exadministrador general de Edeeste), Rubén Montás Domínguez y Radhamés del Carmen Maríñez (ambos exadministradores generales de Edesur), Julio César Correa (exadministrador general de Edenorte), Maxy Gerardo Montilla Sierra y Alexander Montilla Sierra (ambos hermanos de la ex primera dama Candy Montilla de Medina), Juan Alexis Medina Sánchez y Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera, así como Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda (también imputados en el caso Pulpo) y más de 25 empresas nacionales que fueron presuntamente parte del entramado mafioso contra las cuales en el día de hoy se interpuso la querella.
Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, señaló que “la presente querella tiene como objeto poner en conocimiento del Ministerio Público este entramado fraudulento destinado a cometer crímenes en contra del Estado dominicano, en su calidad de accionista mayoritario de las empresas, así como de las propias Edesur, Edenorte y Edeeste, a partir de las contrataciones públicas amañadas, fraudulentas y sobrevaloradas realizadas en violación de las leyes de la República”.
