Heredará problemas económicos, sociales y de división política y la crisis generada por la COVID-19

Lo que le espera al gobierno que asuma la conducción del Estado a partir del 16 de agosto es una verdadera olla de presión por el abanico de problemas económicos, sociales y de división política que se retrata en el panorama de la República Dominicana por la crisis generada por la COVID-19 y la reconfiguración del escenario político. Ante esa realidad, lograr la gobernabilidad será un gran reto para el próximo presidente.

El reordenamiento del escenario político indica que podría generarse una representación congresual más plural a la que ha existido en los últimos periodos donde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha controlado el Poder Ejecutivo y el Congreso.
De hecho, la propia división del PLD dejó a ese partido en minoría en la Cámara de Diputados y una muestra es que para aprobar el Estado de Emergencia el pasado viernes fue necesario un supuesto acuerdo con legisladores del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) para obtener los votos faltantes.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la coalición, que los apoya, hizo un acuerdo con la alianza de partidos que encabeza la Fuerza del Pueblo (FP) en el marco de la plataforma Juntos Podemos para presentar candidaturas comunes en 23 provincias.
Ese acuerdo podría dejar al PLD sin mayoría en el Senado mientras que la eliminación del arrastre en el nivel Congresual podría generar una mayor diversidad en la representación de la Cámara de Diputados. Eso implica que quien encabece el Poder Ejecutivo tendrá que lograr acuerdos en el Congreso para la aprobación de proyectos que tendrá que implementar.

El candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, y que marca puntero para ganar las próximas elecciones, ha insistido en que el gobierno del presidente Danilo Medina convoque la unidad nacional para enfrentar la crisis del Covid-19, pero eso no ocurrió y Abinader optó por convocar una cumbre con sectores sociales y empresariales para escuchar sus propuestas de frente a la crisis que azota al país. El candidato ha prometido que las propuestas planteadas en la cumbre por “la recuperación nacional” serán tomadas en cuentas si se convierte en el próximo presidente de la República.

De su lado, Leonel Fernández, expresidente y candidato de la Fuerza del Pueblo y una coalición de partidos políticos, ha afirmado en varias ocasiones que el próximo gobierno debe ser de unidad nacional para enfrentar con éxito la crisis económica y social generada por la pandemia. Fernández también ha abogado por una respuesta unitaria ante la pandemia, pero el gobierno nunca respondió a ese llamado.

Hasta el momento, el candidato del oficialista PLD, Gonzalo Castillo, no ha hablado de un gobierno de unidad nacional en caso de que resulte electo presidente en las elecciones del próximo mes.

Distintos sectores políticos, económicos y sociales han advertido de que se profundizará la crisis económica en los meses por venir y que eso podría conjugarse con una crisis social producto del descontento de la población.

Uno de los temas que podría generar convulsión social en poco tiempo sería el cese de los programas sociales que el gobierno aumentó en cantidad de beneficiarios y de los recursos que reciben y rondan más de un millón 700 mil personas que reciben ayuda mínima de 5 mil pesos a través de la tarjeta solidaridad.

El gobierno informó que a los más de 900 mil beneficiarios fijos del programa se sumaron otros 600 mil en una primera etapa y luego otras 70 mil familias que reciben subsidios del Estado, según informó la vicepresidencia de la República que administra el gabinete de políticas sociales.

Los candidatos presidenciales, Gonzalo Castillo y Luis Abinader, se han comprometido a mantener ese subsidio a pesar de que el gobierno ha dicho que esos programas son temporales, pero es una promesa poco creíble debido a la gran inversión que representa y la propia caída de la economía. Actualmente mantener esos subsidios supera los 8 mil millones de pesos, según ha informado el gobierno.

A ese problema se suma otra advertencia reciente que hizo la vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, de que en poco tiempo empezarán a producirse despedido de las empresas por la baja en la producción y ante la imposibilidad de seguir pagando a los empleados con menor rentabilidad.

Otro tema que se observa que genera descontento en el sector laboral es la gran cantidad de empleados que han sido suspendidos y que la ayuda máxima que reciben del gobierno son 8 mil 500 pesos, un salario muy inferior al que reciben la mayoría de los empleados del sector privado.

El politólogo Freddy Ángel Castro advirtió que el próximo presidente tendrá que convocar la unidad nacional para gobernar sobre todo porque se prevé una profundización de la crisis que inició en marzo. “El nuevo gobierno que surja estará compelido a convocar un gobierno de unidad nacional no solo a los partidos políticos sino a los sectores de la sociedad debido a que la crisis económica se va a profundizar y la gobernabilidad puede estar amenazada por la inconformidad de los distintos agentes económicos y pueda generar una demanda ante la imposibilidad del Estado de plantearse una solución efectiva ante la crisis”, advirtió.

Sugiere consensuar las medidas políticas y económicas que se van a implementar como única garantía de gobernabilidad. “Si eso no se hace vamos a un escenario de confrontación de demandas sociales, de radicalización en término de los actores políticos porque el Estado no tiene los recursos y no tendrá los recursos para satisfacer las demandas sociales y económicas”, subrayó.

Sostuvo que para generar gobernabilidad se necesita legitimidad y que eso solo se construye a través de la unidad. “Esa legitimidad se va a construir en la medida en que se sea capaz de incluir los actores económicos y sociales y al consenso”, señaló.
Castro afirmó que un factor que podría restar legitimidad a las nuevas autoridades podría ser el hecho de que haya un nivel de abstención importante en las elecciones y eso le reste apoyo popular.

“La legitimidad de las autoridades electas, siempre y cuando el proceso se dé de manera prístina y transparente, su legitimidad queda constituida, aún concurra el 50% o el 60% eso no cuestiona la legitimidad porque se asume que es legítima la elección de autoridades es legítima si cumple con lo establecido con la Constitución y las leyes, ahora que va a surgir con menos legitimidad porque fruto de la crisis mucha gente se va abstener, eso es verdad”, concluyó.

Crisis
Distintos sectores han advertido de que se profundizará la crisis económica en los meses por venir.

Laboral
Otro tema que genera descontento en el sector laboral es la gran cantidad de empleados que han sido suspendidos.

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